En un hilo publicado vía Twitter, Cecodap dijo que el ocultar o silenciar casos de abuso sexual en menores dentro de la Iglesia lo que propicia es la normalización de este tipo de agresiones. Subrayó que la violencia sexual «tiene un efecto devastador» en los menores de edad.
La ONG Cecodap se pronunció en sus redes sociales sobre la denuncia publicada en un reportaje del Washington Post en días pasados en la que se reveló que sacerdotes condenados por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, no pagan sus penas completas, vuelven a las iglesias y continúan ejerciendo su ministerio con total normalidad.
A través de Twitter, Cecodap insistió en la necesidad de que los casos de presunto abuso sexual contra los menores de edad sean investigados, se sancionen a los responsables y exista un debido acompañamiento a las víctimas por parte del Estado venezolano.
Recalcó que el hecho de «ocultar o silenciar» este tipo de acciones que ocurren dentro de la estructura de la Iglesia en Venezuela, lo único que propicia es la profundización de la violencia. Además, generan nuevas víctimas de este flagelo y hacen que se normalice la agresión.
Subrayó la ONG nuevamente que la violencia sexual «tiene un efecto devastador» en los menores de edad, más cuando quien la ejerce es alguien a quien se le tiene confianza o ejerce algún cargo de autoridad.
En ese sentido, recordó Cecodap que las leyes dan prioridad a la atención de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y no admite beneficio alguno contra los agresores, por lo que insistió en que el Estado debe aplicar procedimientos rápidos y efectivos en contra de quienes cometan este tipo de delitos sin importar quién los ejecute.
La denuncia como elemento inicial para los procesos contra estas personas es esencial para que pueda hacerse justicia, por lo que dijo que en muchos casos la impunidad se registra debido al miedo a las represalias, desinformación y revictimización de las personas que sufren de violencia sexual.
Según la investigación del diario estadounidense, se evidencia un patrón entre el sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores de estos casos, dejando desatendida a las víctimas.
En la mencionada publicación se investigaron 10 casos, todos menores de edad, con algo en común: son de zonas muy empobrecidas y viven en condiciones de vulnerabilidad.
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