En un país sumergido durante los últimos años en una profunda crisis económica, política y social, la educación pasó de ser una prioridad a convertirse en una especie de carga para el Estado. Las deficientes políticas públicas han dificultado el acceso de millones de jóvenes al sistema educativo venezolano, pese a que es un derecho contemplado en el artículo 102 y 103 de la Constitución de la República.
Más allá de garantizar un cupo en las instituciones, los jóvenes requieren de otros elementos básicos para poder cumplir con sus estudios: alimentación, transporte, vestido, útiles, entre otros. A estas mismas dificultades se enfrentan cada día los docentes, que con sueldos insuficientes, sin acceso a la salud y sin condiciones de trabajo dignas, se han visto en la obligación de abandonar las aulas para dedicarse a otros oficios que les garanticen su sobrevivencia. Esta es una situación que influye directamente en la calidad de la educación y que pone en jaque el futuro profesional de los venezolanos.
85% de la educación en Venezuela pertenece al sistema público, por lo que es el Estado quien debe ser garante de su buen funcionamiento. Sin embargo, representantes del gremio docente denuncian que desde hace años es muy poco lo que se ha invertido en las escuelas. Mientras que el gobierno culpa de este hecho a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, los educadores señalan que esta problemática se viene presentando desde antes de ser estas aplicadas.
Las renuncias de docentes en las escuelas públicas del país alcanzan 50% de la plantilla de profesores, según un estudio realizado por la ONG Fundaredes.
Estos números coinciden con las cifras de la Asociación Civil Con la Escuela, que monitorea un total de 72 planteles en todo el país. Apuntan que 43% de las instituciones reportaron tener falta de docentes, especialmente en la etapa inicial y primaria, donde alcanzó 18%.
En bachillerato, las materias de ciencias como Matemáticas, Física y Química también presentaron ausencia de profesores. Así como en las áreas técnicas, tales como Refrigeración, Carpintería o Mecánica.
Ante esta situación, Luisa Pernalete, miembro del centro de investigación y formación del Fe y Alegría, alertó que los docentes son el recurso principal que requieren las instituciones educativas para mantenerse en funcionamiento. «Sin maestros no hay escuela», precisó en declaraciones a El Nacional.
El motivo principal por el que los docentes dejan sus cargos es el factor económico. Con un salario que varía entre 80 y 180 dólares mensuales, los educadores carecen de los ingresos necesarios para garantizar su derecho a la alimentación, transporte, vestimenta, y recreación, tal como lo establece la Constitución.
En el año 2018 se firmó y aplicó el factor de las tablas de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), lo que violó todo lo referente a la progresividad de los derechos laborales y puso a los trabajadores públicos en desventaja. También se eliminó o redujo algunas primas y cláusulas que tenían hasta ese momento los docentes.
«Por ejemplo, hay unas primas de antigüedad que pasaron de 50 a 10%. Por eso, estamos solicitando que esté instructivo sea eliminado, pues viola todo lo que es el contrato colectivo y la ley que se ha establecido en las mesas de negociación», señaló Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, en una entrevista para El Nacional.
El Ministerio de Educación también ha evitado la firma de un nuevo contrato colectivo. «Alegan que no hay dinero», denunció Machado.
El sueldo de los educadores venezolanos se encuentra, hoy día, por debajo de los salarios que ofrece Cuba y Haití, que son dos de los países de América que menos pagan a sus docentes.
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