El presidente de Perú, Pedro Castillo, confirmó este martes que acudirá a responder el interrogatorio de la comisión de Fiscalización del Congreso, el próximo lunes, sobre las reuniones que mantuvo con los implicados en una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
Durante una visita a la sureña región de Arequipa, el mandatario respondió a los periodistas que tuvo que posponer el interrogatorio, programado para este martes, debido a que tenía en agenda este viaje de trabajo.
«Se nos había notificado que el día de hoy, a las 9 de la mañana, mi persona tenía que estar en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, para responder por los casos de Sarratea”, indicó el mandatario en referencia a la dirección de la casa en la que sostuvo esas reuniones.
Sin embargo, Castillo añadió que se vio en la obligación de «solicitar a esa comisión que se posponga».
«Sí, vamos a asistir», respondió el jefe de Estado al ser consultado específicamente sobre su asistencia a la citación de la comisión parlamentaria.
El secretario general del despacho presidencial, Jorge Alva, solicitó el lunes al presidente de la comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, que el interrogatorio al mandatario se realice a partir del 27 de junio, por «temas de agenda».
La comisión parlamentaria aceptó el pedido del gobernante y anunció que se reprogramó la toma de la declaración para el lunes 27 de junio.
En la solicitud, Alva recordó que la comisión de Fiscalización «no tiene competencia para investigar al presidente» por presuntos delitos comunes durante su mandato porque cuenta con la inmunidad prevista en la Constitución, a excepción de los delitos de traición a la patria o el impedir las elecciones generales.
Sin embargo, «en aras de la colaboración recíproca» entre los poderes del Estado, el presidente peruano manifestó «su total disposición de recibir a la comisión» que preside Ventura en el despacho presidencial, a partir del 27 de junio.
La investigación del Legislativo se desprende del caso abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por el supuesto delito de organización criminal, bajo la hipótesis de que lideraba una mafia al interior del Ministerio de Transportes para adjudicar los contratos públicos a diversos empresarios con el fin de obtener beneficios ilegales.
«Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción», declaró el fiscal Samuel Rojas en una audiencia de la semana pasada para responder a un recurso de tutela de derechos presentada por la defensa de Castillo.
En esa investigación también están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.
El fiscal Rojas informó, además, que existen audios que revelaron que el empresario Zamir Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) al exministro Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que la colaboradora eficaz Karelim López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en la casa que usó durante la campaña electoral en la calle Sarratea.
La resolución sobre la tutela de derechos presentada por el abogado de Castillo, Benji Espinoza, está pendiente de emitirse y, en caso de ser favorable al mandatario, este podría quedar excluido de la investigación penal.
