«El Estado no cuenta con un sistema de justicia autónomo e independiente que decida investigar, procesar penalmente a los componentes del Plan Zamora y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad».
El abogado defensor DDHH y coordinador por la defensa de los derechos civiles Rafael Narváez se pronunció ante la solicitud que hizo el Estado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de aplazar la investigación por crímenes de lesa humanidad que actualmente cursa en el alto tribunal.
“Es bueno precisar que la solicitud de aplazamiento no tuvo ningún soporte para justificarlo, esto demuestra incumplimientos de los puntos más importantes acordados que contiene el memorando de entendimiento firmado ante el fiscal de la CPI” afirma Narváez.
Asegura Narváez que “El Estado no presentó el informe requerido ante la prórroga otorgada por los pocos avances en la investigación, a qué se comprometió, el sistema de justicia no ha sido reformado, la grave situación que se vive en la AN por la designación de los nuevos magistrados que conformaran el nuevo TSJ por no contar con un verdadero baremo para la evaluación de los mejores credenciales para seleccionar, juramentar un TSJ renovado que pudiera recuperar su autonomía, sus atribuciones establecidas en nuestra CRBV… otro incumplimiento es la no de no haber iniciado investigación ni procesar penalmente a la cadena de mando que integraron el Letal Plan Zamora por su actuación en contra de los manifestantes durante el año 2017”.
El coordinador por los derechos civiles expresó que esta conducta de incumplimiento por parte del Estado ante los requerimientos de la CPI basados en el principio de complementaridad establecido en el estatuto de Roma se traduce en impunidad.
“Seguimos en presencia del momento más oscuro del sistema de justicia en Venezuela” finalizó Narváez.
Nota de prensa
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