A Juan Carlos Malavé, de 32 años, le preocupa que su pasaporte está por vencer. Para muchos, gestionar el documento de identidad no es más que un proceso burocrático que toma un par de horas. Pero en Venezuela, se trata de un trámite lento, costoso e incierto. Particularmente para quienes que, como Malavé, viven en el exterior y pudieran terminar en un limbo.
“Ese es un miedo que tengo”, dice sobre la renovación de su pasaporte desde Hungría, donde trabaja como diseñador gráfico.
Más de seis millones de venezolanos han salido del país empujados por la crisis humanitaria. Tener un documento de identidad válido internacionalmente se ha convertido en una necesidad no solo para los que están afuera y requieren regularizar su estatus, sino también para quienes planean emigrar.
Como respuesta a las dificultades para hacer el trámite, varios países han adoptado medidas para facilitar el tránsito y la regularización de venezolanos. Por ejemplo, España admite la prórroga del pasaporte como documento válido; mientras que Estados Unidos y Brasil permiten el ingreso con pasaporte vencido.
En un limbo
En 2020, Malavé permaneció indocumentado durante tres meses y a la espera de que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitiera su identificación.
Al no tener un documento vigente, su banco le desactivó la cuenta y su proveedor telefónico suspendió el contrato. Su empleador también retuvo su salario durante ese tiempo al no poder transferir el dinero, por lo que tuvo que recurrir a sus ahorros.
“Yo soy solamente una persona que quiere tener un trabajo, una vida. Estoy ahogado y si no me llega mi pasaporte, no soy nadie”, le explicaba Malavé a los funcionarios húngaros en busca de ayuda. “Nadie entendía cómo no podía tener mi pasaporte”.
Meses después de la solicitud, recibió una prórroga: una estampilla con sus datos que se adhiere al pasaporte vencido y que extiende su validez.
Malavé ahora tiene una identificación húngara, por lo que está en una situación menos vulnerable. Pero ahora no solo le preocupa el alto costo de tramitar un pasaporte nuevo, que ronda los 200 dólares y está entre los más costosos del mundo. También teme que se retrase el trámite y quede “encerrado en Hungría”.
Retrasos y altos costos
Los retrasos en la emisión de pasaportes datan, al menos, de 2017 según reportes de la prensa local. Ese año, el régimen chavista comenzó a emitir prórrogas a la vez que el entonces director del Saime, Juan Carlos Dugarte, explicó que la medida tenía como propósito reciclar material y ahorrar gastos al Estado.
Entonces era común encontrar largas filas en las oficinas del organismo en Caracas, con gente esperando desde la madrugada y procedentes de otros estados del país.
“La situación ha mejorado”, explica Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. La organización ha dado seguimiento a los retrasos en el Saime, así como también adenuncias de corrupción que involucran al organismo.
“Es una mejora incierta. No se sabe hasta cuándo va a funcionar”, comenta. “Para solicitar las citas (por internet) hay que estar horas y horas o ingresar de madrugada”.
En 2018, el Saime ancló los precios al petro, la criptomoneda que lanzó el régimen chavista. Pero la medida también supuso un incremento que dejó el documento fuera del alcance de muchos.
Incluso con una prórroga, Malavé frecuentemente encuentra trabas cuando viaja o tiene que hacer trámites en el exterior. “Siempre que voy a una oficina de migración o a un banco, la gente queda extrañada al ver la hoja y tengo que explicarles qué es”, dice.
Derechos vulnerados
El pasaporte de Loris venció en agosto del año pasado y, por meses, ha tratado de renovarlo desde Israel. “Vivo acá desde hace 12 años, pero solo tengo pasaporte venezolano. Estoy varada. Si quiero salir de aquí, no puedo”, dice.
Ahora está a la espera de tramitar un permiso de salida para ir a la embajada de Venezuela en Jordania, la más cercana, y resolver su situación.
Las múltiples dificultades para la emisión del documento califican como vulneraciones a los derechos de los venezolanos, asegura la docente universitaria e integrante de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Angeyeimar Gil.
“El (alto) costo de un documento fundamental para identificarse como venezolano en el exterior ya constituye una vulneración”, dice Gil, pues “el salario de la gente no tiene ninguna relación” con el precio del documento.
Dos tercios de los hogares venezolanos viven en condiciones de pobreza extrema y cerca del 80% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta de alimentos, revelan los resultados de una encuesta sobre condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello que busca dar respuesta a la falta de datos oficiales.
“Tener un pasaporte es obligatorio para migrar. Más que evitar que la gente se vaya, esto hace que incurran en un gasto mayor”, explica Gil.
Y para quienes no es posible asumir el gasto y migran, aumenta el estado de vulnerabilidad en el exterior. “El derecho a la identidad es un derecho bisagra: abre la puerta para acceder a otros derechos”, afirma la especialista.
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