La desnutrición sigue haciendo estragos en la población venezolana infantil y pese a la aparente mejora en la economía, el grueso de la población sigue resistiendo una emergencia humanitaria compleja que les impide acceder a proteínas y demás productos de la canasta básica.
Como resultado, cada vez hay más niños que sufren de algún tipo de desnutrición y no existen políticas públicas destinadas a mitigar el impacto de esta realidad.
En ese contexto, Lissette González, Coordinadora de Investigación y Difusión de Provea participó en el foro ‘Venezuela en Emergencia: Entre la inseguridad alimentaria y la desnutrición’ y aseguró que los alimentos CLAP y los importados que se venden en bodegones actualmente, no son sometidos a controles sanitarios por parte del Estado, por lo que no se está cumpliendo la obligación de proteger a los ciudadanos.
«Con respecto a la obligación de proteger, el Estado venezolano ha debido promover medidas en relación a las sanciones de terceros países. No hubo tampoco medidas para proteger el ingreso de los trabajadores. Y otra obligación es que los alimentos importados, tanto los de los CLAP como los de los bodegones, no pasan por los controles sanitarios del Estado venezolano, por lo que no nos están protegiendo«, expresó.
Lissette también destacó que las cajas con alimentos del CLAP ya no se distribuyen con la misma periodicidad del pasado.
«Los CLAP no se distribuyen con la misma periodicidad del pasado, y tampoco contienen alimentos nutritivos y necesarios. (…) sobre los bonos de la patria, también son insuficientes y tampoco hay criterios claros de asignación«, sentenció.
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