Las imputaciones van desde un video por TikTok, pasando por mensajes de Whatsapp, hasta encarcelar a dos pensionados por protestar. Informes de Espacio Público registran que la primera imputación ocurrió por un señalamiento desde el programa de Diosdado Cabello: “Con el mazo dando” contra la ONG “Un Mundo Sin Mordaza”.
Francisco Olivares | El Estímulo
La detención de los ciudadanos William Echarry, de 70 años y Juan Blanco, de 68 años, en el estado Vargas el sábado 12 de febrero expuso de nuevo los alcances de la llamada “Ley del odio”, al cargar contra dos activistas adultos mayores del Frente Amplio de Venezuela Libre y del sector de pensionados y jubilados del Movimiento por el Revocatorio (Mover). El Tribunal Primero de Control de La Guaira los imputó por el delito de “Instigación al odio y agavillamiento”, por el hecho de exhibir un par de pancartas que expresaban: “Los derechos se defienden en la calle”.
A pesar de que fueron puestos en libertad, la imputación sigue adelante y los dos activistas deben presentarse cada 15 días ante el tribunal. Los abogados de la defensa alegaron que la protesta pacífica no constituye un delito en el país y la Constitución, en su artículo 68, la establece como un derecho.
El caso fue repudiado por varias ONG que defienden los derechos humanos como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia e igualmente causó indignación en organizaciones internacionales. Espacio Público señaló que la “Ley contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, debe ser derogada ya que es un instrumento normativo que busca criminalizar la libertad de expresión. Además advirtió que su contenido contraviene los principios en materia de libertad de expresión, “al fortalecer la línea oficial de censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno nacional bajo la razón de sembrar la paz”.
Sobre el caso de los recientes detenidos de la tercera edad, la diputada Delsa Solórzano, expresó en un mensaje en su cuenta de Twitter que “el régimen ataca a nuestros adultos mayores no solo con pensiones de hambre, sino además, si se atreven a protestar, los lleva presos”.
Cuando esta ley fue aprobada en 2017 el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la consideró «alarmante» y advirtió que sería una amenaza para partidos políticos, medios y ciudadanos.
45 imputados en los primeros 3 años
El informe de 2020 de Espacio Público dedicó un estudio sobre los efectos de la “Ley del odio”. Allí se señala que en sus primeros tres años –desde noviembre de 2017-, se registraron al menos 45 casos en los se usó o invocó la “ley contra el odio” hacia personas por expresarse; esto derivó en un total de 101 violaciones a la libertad de expresión y opinión. El año con la mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, el segundo es 2018 con 13 casos, el tercero es 2019 con 10.
En noviembre de 2017 se produjo el primer caso, a los pocos días de promulgada. El tipo de vulneración más común fue el hostigamiento judicial en 42 oportunidades, seguido de 36 detenciones y 10 acciones de censura.
Dentro de un total de 60 víctimas identificadas en esos tres años, los principales fueron 18 casos de trabajadores públicos y de la salud, 16 trabajadores de los medios de comunicación, 10 particulares, 9 activistas y miembros de ONG, 5 que involucran a infociudadanos y población en general, y dos medios de comunicación.
Entre los “victimarios”, se registró que 28 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado, 14 son instituciones del Estado y 13 son funcionarios públicos en general.
Perseguidos en 2021
Según el informe de Espacio Público, en 2021 al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información. De ellas, se registraron 17 casos de “incitación al odio” o invocación de la “ley contra el odio”. Esto involucró 15 detenciones.
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