La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, que cumple este jueves nueve días en huelga de hambre, sufrió una descompensación durante una audiencia virtual en la que pedía su libertad y que forzó la suspensión del acto judicial.
EFE
El bajón de la salud de Áñez se produjo a los pocos minutos de instalada la audiencia y fue asistida inicialmente por su hija Carolina Ribera y su abogada Norka Cuéllar que lograron ingresar al penal en el que está recluida preventivamente desde hace más de once meses.
«La señora ha tenido que acercarse con ayuda (…) si se para, se cae, realmente está mal», explicó Cuéllar al juez que finalmente optó por aplazar la audiencia al próximo lunes.
En la transmisión del acto jurídico se vio que la exmandataria interina tuvo una especie de desvanecimiento, lo que hizo que algunos funcionarios de salud la atendiesen, mientras su hija la cubría con una cobija.
Una valoración a cargo de un médico de confianza de la familia de Áñez que logró visitarla por la mañana estableció que «está delicada», pero que su estado aún no es crítico y que se ha recomendado hidratarla por «vía venosa».
«La salud (está) completamente estable dentro de los parámetros de una persona normal de la característica de la señora Añez, por tanto, no habría de qué preocuparse en este momento», expresó más temprano el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.
Parlamentarios de la fuerza opositora Creemos cuestionaron la «celeridad» con la que en la víspera el Régimen Penitenciario proporcionó atención médica al exjefe antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y consideraron que a Áñez se le niega recurrentemente esa posibilidad.
Áñez inició la pasada semana una huelga de hambre en busca de alguna acción por parte de organismos internacionales y como «último recurso» para que se levante su detención.
La medida que asumió la exmandataria interina coincide con la visita que desde el martes cumple en Bolivia el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán.
La expresidenta ha solicitado a través de sus abogados que García-Sayán la visite en el penal de Miraflores de La Paz además de remitir a las oficinas de Naciones Unidas documentos que muestran la injerencia del Gobierno en la justicia del país.
Áñez está encarcelada desde marzo del año pasado inicialmente por un proceso llamado «golpe de Estado I» acusada de sedición, terrorismo y conspiración con el que primero se le aplicaron cuatro meses de detención y que luego se ampliaron a seis.
Después se abrió el caso «golpe de Estado II» por el que se añadieron otros meses más de detención por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular tras las renuncias de Evo Morales y de quienes podían sucederle en el cargo.
La defensa de Áñez solicitó la libertad de su defendida tras considerar que hace algunos días se cumplieron los plazos que las normas otorgan para realizar las investigaciones y mantenerla encarcelada.
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