El preso político Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana, inició una huelga de hambre desde el pasado 12 de febrero para reclamar por la violación a sus derechos humanos y las condiciones de hacinamiento dentro de los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su sede de Boleíta, Caracas.
Por Tal Cual
Así lo informó la presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju, en su cuenta Twitter. Aseguró que las condiciones de reclusión en los sótanos de la Dgcim, conocido también como «La Casa de los Sueños», empeoraron con el traslado de varios detenidos en la operación «mano de hierro» para frenar el contrabando de combustible en el país.
El preso político solicita a la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos presente en Caracas que exija a la administración de Nicolás Maduro se cumplan las «condiciones mínimas de reclusión que habían logrado», esto tras la huelga de hambre del teniente coronel Igbert Marín Chaparro a finales de diciembre de 2021, también detenido por motivos políticos en la Dgcim.
"nuevos presos del regimen", los mafiosos y traficantes de gasolina. Marrufo pide que la Comisión de la ONU @ONU_derechos en Caracas, vuelva a exigir al Régimen las condiciones mínimas de Reclusión que habían logrado.
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 14, 2022
El militar retirado Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora Delgado, de nacionalidad española, fueron arrestados el 20 de marzo de 2019 y relacionados con el ataque con drones contra Nicolás Maduro y el asalto al Fuerte Paramacay. Ambos fueron detenidos en su vivienda y trasladados hasta Caracas, donde el tribunal 1º de Control aceptó la imputación de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
El 2 de octubre de ese año fueron excarcelados, pese a que tenían una boleta de excarcelación con fecha del 7 de junio. Cuando eran trasladados a Valencia en una camioneta de la Dgcim, fueron obligados a bajarse en un peaje y de inmediato fueron apresados por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Esta vez, el tribunal de su causa aceptó cinco cargos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio de tipo frustrado, homicidio intencional calificado de ejecutado con alevosía y motivos fútiles e innobles.
Además varias ONG han denunciado que las condiciones de salud de la pareja han desmejorado en prisión, y tampoco han recibido atención médica adecuada. Marrufo Capozzi padece de hipertensión severa, al igual que su esposa, y nódulo en la tiroides.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consideró en enero de este año que el matrimonio fue víctima de este delito, y solicitaron al Gobierno su libertad inmediata y una reparación. Aseguraron que el encarcelamiento de la pareja obedece “a una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional”.
Con información de Tal Cual
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