El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó este lunes a los antivacunas y grupos radicales que desde hace diez días ocupan las calles que rodean el Parlamento canadiense de «bloquear» la democracia a la vez que demandó el fin de la protesta.
Trudeau participó en la noche del lunes en un debate parlamentario de emergencia solicitado por el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) para tratar sobre la protesta que tanto el alcalde de Ottawa, Jim Watson, como el jefe de Policía de la capital canadiense, Peter Sloly, han calificado de «ocupación».
El primer ministro canadiense, en su primera aparición en la Cámara de los Comunes tras contraer la covid-19 el 31 de enero, declaró durante el debate que «los canadienses tienen el derecho a protestar, a estar en desacuerdo con su Gobierno y a que sus voces se oigan».
Pero a continuación añadió que no tienen el derecho a bloquear la economía, la democracia o las vidas diarias de otros ciudadanos.
«Tiene que parar», añadió tras señalar que la Policía de Ottawa ya ha sido reforzada con 300 agentes de la Policía Montada y que proporcionará los recursos que la ciudad necesite para responder a la situación.
En los últimos días, tanto las autoridades federales como las de Ottawa han sido criticadas por su inactividad para restaurar el orden en la capital canadiense y evitar que la protesta de los antivacunas se haya convertido en una caótica ocupación de la zona del Parlamento.
Este lunes, Sloly reconoció durante una rueda de prensa su incapacidad para restaurar el orden en la capital e hizo un llamado para el envío de 1.800 agentes de la Policía Montada y de otras ciudades cercanas, para controlar la situación.
En las últimas horas, ante la presión vecinal, la Policía de Ottawa ha arrestado a 20 personas e impuesto unas 500 multas por incumplimiento de la normativa local, como el transporte de combustible para mantener los camiones en funcionamiento o exceso de ruido por el uso constante, día y noche, de las bocinas de los vehículos.
También este lunes, un juez prohibió a los manifestantes durante diez días el uso de las bocinas de decenas de camiones que bloquean las calles en torno al Parlamento.
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