Tres días con sus noches han hecho falta para que la Asamblea Nacional diera su respaldo esta pasada madrugada al proyecto de ley para imponer el pasaporte de vacunación en Francia, donde el Gobierno mantiene su voluntad de complicar el día a día a los no vacunados.
Con 214 votos a favor, 93 en contra y 27 abstenciones, el texto salió adelante pasadas las cinco de la mañana, hora local, después de que el primer ministro, Jean Castex, participara en la sesión para tratar de calmar los ánimos.
«Es lo correcto, no solo para el gobierno, sino para el país, los franceses y la lucha contra la pandemia», dijo horas más tarde Castex en una entrevista en la cadena BFM TV.
El Ejecutivo confía en que el pasaporte entre en vigor en torno al 15 de enero, como anunció en un primer momento, pero ya no está en sus manos: el texto pasará ahora al Senado, antes de volver a la Asamblea para su ratificación y ser estudiado por el Consejo de Estado.
La introducción del proyecto de ley en la vida de los franceses supondrá que, para poder acceder a bares, restaurantes, centros culturales y otros lugares públicos, toda persona mayor de 12 años deberá presentar su certificado de vacunación con pauta completa -dosis de recordatorio incluida para quienes tengan la segunda al menos cuatro meses antes.
Solo quedan exentos los hospitales, donde se podrá mostrar, como hasta ahora, un test negativo para entrar, siempre que no sea una urgencia.
Campaña contra los no vacunados
De fondo, el tono electoralista se ha introducido ya en el discurso de la mayoría de los líderes de partido y candidatos a la elección presidencial, incluido el presidente, Emmanuel Macron, que para muchos ya ha iniciado su campaña si bien no ha confirmado aún su participación en los comicios de abril.
«A los no vacunados tengo ganas de fastidiarlos. Y vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia», dijo Macron en unas polémicas declaraciones al diario Le Parisien, que propiciaron el levantamiento de la sesión en la Asamblea Nacional el martes, retrasando nuevamente el voto.
Castex, jefe de Gobierno, defendió hoy a su presidente por decir «lo que muchos franceses dicen en voz baja».
Para el primer ministro, la nueva ley, que permitirá además endurecer las sanciones a quienes usen certificados falsos con multas desde los 1.000 euros y hasta prisión, es una forma de empujar a los más reacios a vacunarse sin obligarlos plenamente.
En las últimas semanas, se ha visto un nuevo aumento en los datos de primovacunados, que se habían estancado. Este miércoles se inyectaron 70.000 primeras dosis, que elevaron a unos 53 millones la cifra de franceses que ya tienen al menos una.
Los positivos siguen disparados: el país registró ayer un nuevo récord con 332.252 casos en 24 horas, y se espera que el pico de hospitalizaciones (20.688 en la actualidad) llegue a finales de enero o principios de febrero.
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