La Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional (Redac Internacional) y activistas unieron esfuerzos para la documentación de la situación de las mujeres venezolanas migrantes. A través de sus propios testimonios, se revelan las discriminaciones y violencia a las que se enfrentan de forma cotidiana.
Ana María Palacios, abogada feminista y especialista en derechos humanos, detalló que en el informe “Las voces de ellas: Situación de las mujeres venezolanas en movilidad” se explica cómo están influyendo las construcciones sociales en las dinámicas de vulneración y discriminaciones en torno a motivos de género, estatus migratorio, clase social, identidad de género y orientación sexual.
De acuerdo con las cifras publicadas por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma Interagencial o R4V), hasta noviembre de 2021 el 53,65% de las personas migrantes de Venezuela son mujeres (34,84%) y niñas (18,81%).
Palacios indicó que en el capítulo del informe denominado Continuum de Violencias, trataron de resumir en cinco apartados las experiencias de las mujeres en contexto de movilidad humana.
“Las mujeres venezolanas que cruzan fronteras están enfrentando una situación muy compleja”, aseveró la jurista durante la presentación del informe el 20 de diciembre.
Organizaciones y trabajo de documentación
Para la documentación del informe, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional (Redac Internacional), activistas y personas defensoras unieron sus voces para visibilizar la violencia a la que se enfrentan las mujeres durante el proceso migratorio.
Estas son todas las organizaciones que colaboraron para la realización del informe: Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Red Panamericana y Caribeña de Organizaciones por los Derechos Humanos (Pacuhr), Red Reto, Venezolanas Globales, Women’s Link Worldwide, Es Pa Lante, Sigma y el Centro de Atención Integral Psicopedagógica Integral (Caipi).
Se realizaron un total de 47 entrevistas en profundidad en 10 países: Colombia, Ecuador, México, España, Perú, Curaçao, Aruba, Argentina, Italia y Venezuela. Los testimonios se recabaron entre noviembre y diciembre de 2021.
“A lo largo de los distintos apartados de este informe se podrá tener un acercamiento a algunas de las experiencias de 46 mujeres y 1 hombre trans que salieron en el periodo 2014-2021”, se lee en el documento.
Los casos de mujeres en México
Natalia Matamoros, activista por los derechos humanos en México, resaltó que en el año 2021 se ha acentuado el ingreso de personas y grupos familiares provenientes de Venezuela, quienes cruzan hacia el país por la selva de Darién o vía aérea, con intención de ingresar a Estados Unidos.
Precisó que en ese tránsito los venezolanos y cualquier migrante se expone a una gran cantidad de peligros. Para ejemplificar, relató el caso de Yuribeth, una de las mujeres que entrevistó para el informe, que viajó a México con la intención de cruzar la frontera a Estados Unidos.
Yuribeth tenía un negocio en Catia (Caracas), donde era acosada por grupos colectivos que todos los días le cobraban vacunas y la amenazaban con expropiar su local.
“Ella tuvo que emigrar con su esposo e hijos. Llegaron a Monterrey (México) vía aérea y luego se fueron vía terrestre hacia Nuevo Laredo; en el puente fueron secuestrados por una de las 200 organizaciones delictivas dedicadas al secuestro de migrantes que operan en la zona”, detalló.
La extorsionaron y le pidieron 10.000 dólares por cada uno de los miembros de su familia. Al decirles que no tenían esa cantidad de dinero y que prácticamente estaban sin nada porque habían gastado en pasajes y hoteles, los dejaron seis horas retenidos donde sufrieron humillaciones y vejaciones.
Luego de tomarles fotografías, fueron abandonados en la frontera. Yuribeth desistió de la idea de cruzar hacia Estados Unidos. Solicitó ayuda a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y se pudo regularizar en el país y trabajar.
Discriminaciones por edad y género
Matamoros contó que también documentaron los casos de otras mujeres que viajaron solas. Entre ellas una mujer de 54 años de edad, quien emigró a México motivada por una amiga luego de que su negocio en Venezuela quebrara.
“Sufrió de discriminación por ser venezolana y también por su edad. Aquí discriminan mucho por eso, después de los 35 años de edad es muy difícil conseguir trabajo”, comenta la activista.
A la mujer, especialista en atención al cliente, no la aceptaron por ser venezolana en los primeros lugares donde asistió en busca de trabajo. Mientras se tramitaba su proceso de regularización, decidió buscar empleo a través de las redes sociales. Allí vio una oferta para trabajar como secretaria y se postuló.
“La persona con la que se contacto mediante WhatsApp le indicó que en dos horas la llamarían. Luego de transcurrir ese tiempo la llamaron y le dijeron que el trabajo era para desempeñarse como escort (dama de compañía) y que la trasladarían a Guadalajara”, explicó Matamoros.
Le pidieron fotos en toples y en ciertas posiciones, a lo que inmediatamente dijo que no y dejó la conversación hasta allí.
Posteriormente, relató que la empezaron a acosar y no sabía qué hacer porque estaba sola. Se acercó a una organización llamada Casa de Refugiados para explicar su situación y le dijeron que en el país abundaban las ofertas de trabajo engañosas y le aconsejaron que no buscara trabajo por Internet, solo en buscadores oficiales de empleo.
Matamoros comenta que entre los testimonios varios coinciden en que no existe un seguimiento de los casos que se denuncian.
Agregó que existe un nivel de impunidad importante y que algunas de las entrevistadas indicaron que de nada les vale denunciar si no hay actuación. Además, sostuvo que las víctimas tienen miedo a denunciar debido a la corrupción que también existe en las instituciones.
El informe indica que los nombres y algunos datos biográficos se modificaron u omitieron para proteger la privacidad e integridad de las personas entrevistadas.
Un patrón de violaciones
La activista de DD HH indicó que otra de las encuestadas relató que llegó en el año 2016 a México, ya ha pasado por cuatro trabajos y tiene una alerta migratoria debido a que en los sitios donde laboró se han negado a legalizarla.
“Sus compañeros la han discriminado por razones de género. Ella es licenciada en Informática y la han puesto a coordinar a grupos de hombres. En los trabajos en los que ha estado, los subalternos la menosprecian por ser mujer y extranjera”, resaltó.
Por este motivo, no ha tenido otras alternativas que cambiar de trabajo continuamente y por esa razón las empresas no la han regularizado. No obstante, al tener cinco años sin poder regularizarse, su denuncia no procede.
Un espacio seguro para contar su historia
Cristina Ciordia, internacionalista y miembro de la red de apoyo Venezolanas Globales, coordinó a las embajadoras de la organización para realizar las entrevistas en las comunidades que cubren en varios países de Latinoamérica.
Comentó que para el informe se desempeñó como investigadora y responsable de brindar apoyo y guiar a las embajadoras de la red. Además, aportó asistencia para contener y procesar el dolor que resulta escuchar “historias desgarradoras”.
De acuerdo con Ciordia, en las entrevistas se garantizó anonimidad, tratamiento profesional de los datos que se estaban recaudando y también un trato humano. A las entrevistadas no se les exigió hablar más de lo que querían, eran libres de no dar detalles y dejar la entrevista hasta donde quisieran, sin ningún tipo de presión, para generar un espacio seguro.
Entre las observaciones generales obtenidas con las entrevistas, resaltó que todas las personas con las que conversaron buscaron minimizar su situación. “Decían que no tenían derecho a quejarse o que habían tenido suerte y no había sido tan grave, aún cuando sin lugar a duda sí era una situación precaria”, aseveró.
La última pregunta en las entrevistas para el informe era sobre si se sentían seguras, y todas respondieron que no. “La mayoría de ellas indicaron sentirse solas”, indicó.
Mujeres que ejercen política víctimas de la violencia
Anamaría González Oxford, directora de la ONG Red Reto, formó parte del grupo de investigadores para el informe y además ofreció su propio testimonio sobre su situación en Venezuela y su proceso migratorio.
En las entrevistas a mujeres que ejercieron la política pública en Venezuela, González precisó que se reveló que estas normalizan la violencia contra la mujer en ese ámbito porque piensan que es inherente al autoritarismo del régimen venezolano y no están conscientes de sus derechos dentro del país, situación que trasladan fuera de la nación.
En el año 2017, durante las protestas antigubernamentales, González trabajó con varios políticos venezolanos y formó parte del grupo estratégico que había conformado la oposición. De acuerdo con el informe, era la única mujer de ese equipo.
La primera salida fue en junio de ese año, cuando tuvo que sacar a su hijo del país antes de lo planificado, debido a que la persecución se había intensificado y la recomendación de los jefes políticos era que -por lo menos- sacara al niño del país con carácter de urgencia.
González lo llevó a Italia, donde reside el padre, y volvió a Venezuela en agosto de ese año pensando que las cosas se habían calmado.
“No fue así. El acoso pasó a mayores. Fue atracada dos veces, solo para quitarle el celular y acceder a la información que tenía en él. La primera vez fue golpeada en la frente con el arma de fuego, la segunda fue seguida en un centro comercial y al salir fue abordada en su carro con dos hombres apuntándola en plena calle”, revela el documento.
Tuvo que salir a los siete días, se resguardó en la casa de un amigo, quien le compró el pasaje para salir del país. Con una maleta llegó a Madrid porque estaba cerca de Italia. Además, su familia (hermana, cuñado y sobrina) había salido un mes antes por acoso político.
Durante su paso por el aeropuerto de Maiquetía, esperando la salida del vuelo, se había encontrado a un exalcalde amigo. Ambos estaban sentados a la espera cuando fueron abordados y retenidos por la policía migratoria.
González duró un año en una habitación alquilada, tuvo asesoría jurídica para llevar el proceso de solicitud de asilo y acompañamiento psicológico. Sin embargo, se enfrentó a dos eventos xenofóbicos por parte de dos mujeres también migrantes.
El primero fue cuando la dueña de un restaurante que no quiso venderle comida, aunque no le dijo directamente que era por ser venezolana, fue evidente el rechazo y el maltrato. El segundo evento ocurrió en una peluquería donde la dueña (de República Dominicana), cuando entró a pedir presupuesto le dijeron que no trataban su tipo de cabello.
Recomendaciones
María Daniela Rivero, abogada y especialista en derechos humanos, durante su intervención resaltó la importancia del informe, que esperan pueda servir como herramienta que dé mayor protección a mujeres y demás migrantes.
Entre las recomendaciones para los Estados de tránsito y receptores, las organizaciones resaltaron que: deben reconocer y proteger los derechos humanos de las personas que atraviesan su territorio; dar respuesta en materia migratoria abordada desde el enfoque de derechos humanos y género; abordar la trata de personas desde la perspectiva de derechos humanos y de género y adoptar medidas de prevención, investigación, sanción y reparación con enfoque de género y diversidad sexual frente a las situaciones de violencia y discriminación por razón de género.
Además, instan a capacitar a los agentes estatales, especialmente a los funcionarios en controles migratorios sobre la existencia de las obligaciones internacionales de derechos humanos y el respeto a las mismas. También deben garantizar el acceso a la salud a las mujeres y personas LGBTI venezolanas y adoptar medidas de sensibilización para prevenir la xenofobia y el racismo.
En cuanto a las recomendaciones para la comunidad internacional, precisaron que deben fortalecer los mecanismos y los instrumentos de cooperación regional para afrontar la crisis de movilidad humana venezolana con una perspectiva de derechos humanos.
El informe concluye que se debe impulsar la creación de mecanismos dirigidos al reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres venezolanas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos y violencia basada en género.
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