La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este viernes sobre un presunto espionaje a 24 periodistas de diversos medios de comunicación de El Salvador, cuyos teléfonos celulares se sospecha han sido «hackeados» con el software Pegasus.
EFE
Como recuerda el organismo hemisférico, periodistas de La Prensa Gráfica, Diario de Hoy, El Mundo, El Faro, Revista Gato Encerrado y Disruptiva, así como directivos de organizaciones no gubernamentales y políticos de oposición, recibieron el martes un aviso de seguridad por parte de Apple.
La notificación de la firma tecnológica les advertía sobre la posibilidad de que «un atacante patrocinado por el Estado» podría estar accediendo de forma remota a «sus datos confidenciales, comunicaciones o incluso a la cámara y el micrófono», señaló la SIP en un comunicado.
«El gobierno (de El Salvador), de inmediato, debe investigar si alguna de sus agencias está patrocinando actividades ilegales de espionaje contra sus ciudadanos y críticos, lo que está penado en forma adecuada por la ley salvadoreña», dijeron de forma conjunta el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ese organismo, Carlos Jornet.
Grave vulneración de la libertad de expresión
Añadieron que, de confirmarse el uso del software Pegasus con el fin de espiar a periodistas, esto constituiría «una grave violación a las libertades de expresión y de prensa, al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas».
En su reciente asamblea general, celebrada de forma virtual en octubre, la SIP abordó el uso del software Pegasus por parte de algunos Gobiernos y recordó el caso concreto de México, donde varios periodistas descubrieron que sus teléfonos fueron intervenidos con esta herramienta.
El organismo aludió hoy al artículo 7 de la Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, y en donde se señala que «la vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso».
«Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos», manifiesta el citado artículo.
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