En julio de 2020, la Armada ecuatoriana detectó una flota de aproximadamente 250 buques pesqueros de bandera china justo fuera de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Galápagos. Según la revista estadounidense The National Interest, la flota permaneció allí durante varias semanas y sus barcos apagaron sus sistemas de localización legalmente requeridos por varias horas.
La presencia de los navíos chinos no significó la primera vez que los países sudamericanos se enfrentaron a pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en sus costas. De todos modos, el episodio del año pasado generó amplio rechazo porque las Galápagos son un territorio único considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Según The National Interest, es posible que la tensión entre Estados Unidos y China juegue un papel fundamental en la creciente consideración de la pesca INDNR como una amenaza para la seguridad nacional de la región. Tras el incidente en las islas, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) expresó su firme apoyo a los esfuerzos ecuatorianos contra la pesca ilegal. Poco tiempo después, el por entonces Secretario de Estado Mike Pompeo criticó al régimen chino y le exigió que aplicara una política transparente de tolerancia cero con la pesca ilegal.
A partir de entonces, distintos actores gubernamentales se han esforzado por luchar contra la pesca INDNR. Entre ellos Estados Unidos, que apoyó iniciativas específicas destinadas a reforzar las capacidades de patrullaje, porque ahora la pesca ilegal también se considera una amenaza a la seguridad nacional.
La industria pesquera es una actividad históricamente muy extendida. Hace cien años capturaba y producía poco más de 20 millones de toneladas, mientras que en 2018 la cifra creció hasta los 180 millones. Al mismo tiempo, también se incrementó la pesca INDNR. Se calcula que genera entre 10.500 y 36.400 millones de dólares y representa aproximadamente entre el 14 y el 33% del total de las capturas de pescado, según The National Interest. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada actúa en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
La Convención afirma que los países son responsables de sus barcos y de asegurarse de que cumplan las leyes nacionales e internacionales. También conocida como la “Constitución del Mar”, establece la jurisdicción de las naciones sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que se extienden hasta 200 millas (321 kilómetros) desde tierra firme. Dentro de ese espacio, sólo los Estados pueden administrar y explotar legítimamente los recursos naturales a través de empresas locales o concediendo licencias a agentes extranjeros. La pesca ilegal suele llevarse a cabo en la frontera de la ZEE, con buques operando en aguas internacionales y, en ocasiones, penetrando en la ZEE.
Pese a que históricamente la preocupación de la pesca INDNR tenía exclusivamente motivos económicos, ahora también está en el ojo de la tormenta por daños al ecosistema, los medios de vida de los pescadores locales y las violaciones a los derechos humanos.
La pesca INDNR amenaza la seguridad nacional al estar directamente relacionada con el tráfico de especies silvestres, narcóticos y personas. Además, favorece el terreno para el crimen organizado al atacar las economías locales y a la seguridad alimentaria. Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, las flotas de aguas lejanas a menudo dependen del trabajo forzado y los buques pesqueros se utilizan como barcos nodriza para el contrabando de drogas y armas.
Estados Unidos afirma que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ha sustituido a la piratería como principal amenaza para la seguridad marítima mundial”. Aunque los guardacostas norteamericanos sostienen que Taiwán, Japón, Corea del Sur y España también son responsables de la pesca INDNR, su Perspectiva Estratégica 2020 dedica una sección específica a abordar “la preocupación por las prácticas pesqueras de China”. El artículo citado por The National Interest afirma que sus flotas de aguas lejanas, junto con la Milicia Marítima de las Fuerzas Armadas Populares, llevan a cabo un comportamiento agresivo en alta mar “en apoyo de los objetivos estratégicos marítimos a largo plazo del Partido Comunista Chino”.
Por ende, en enero de 2021 el USSOUTHCOM y la Guardia Costera de Estados Unidos lanzaron la Operación Cruz del Sur. Fue la primera vez en la historia reciente que un buque de la Guardia Costera participó en ejercicios de cooperación en el Atlántico Sur contra la pesca INDNR. El plan original incluía la visita del USCG Cutter Stone a Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina.
La operación resultó un claro ejemplo de las tensiones geopolíticas actuales entre China y Estados Unidos en Sudamérica cuando la Guardia Costera debió cancelar su visita a Argentina. La explicación oficial de la Casa Blanca fue que se debió a inconvenientes relacionados con la profundidad del agua frente a la costa de la ciudad de Mar del Plata, donde debía anclar el barco. Sin embargo, distintos medios argentinos aseguraron que el verdadero motivo fue la estrecha relación que une al gobierno de Alberto Fernández con el régimen de Xi Jinping, por lo que Argentina decidió evitar tensiones con China.
Según The National Interest, China es el máximo responsable de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Distintas estimaciones afirman que cuenta con unos 3.000 barcos, pero el Instituto de Desarrollo de Ultramar dice que en realidad son 17.000. Sin embargo, el régimen de Beijing no es el único responsable de la pesca INDNR. Taiwán, Corea del Sur y Japón también son actores de relevancia en este fenómeno creciente.
Las estrategias de defensa y seguridad nacional de los países sudamericanos no consideran a la pesca INDNR como una de sus principales amenazas. No se la encuentra en las estrategias nacionales de Argentina, Chile y Perú entre 2006 y 2018, mientras que Ecuador sí la menciona en reiteradas ocasiones. Sin embargo, puede que las futuras estrategias de seguridad nacional hagan más hincapié en la pesca INDNR porque la preocupación regional aumentó tras el incidente de 2020 en las Islas Galápagos.
Pese a que América del Sur aún no es una región tan vulnerable a la pesca INDNR, eso podría modificarse en un futuro próximo a medida que aumente la demanda mundial de pescado, de acuerdo a The National Interest. De ser así, las iniciativas lideradas por Estados Unidos, como la Operación Cruz del Sur, podrían repetirse más a menudo.
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