El régimen de Nicolás Maduro ratificó este lunes su compromiso con el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la discrepancia de las autoridades del país con la decisión de la Fiscalía de esa corte de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
EFE
«Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI, ratifica su pleno compromiso con la vigencia de dicho Estatuto como instrumento jurídico internacional orientado a establecer un proceso de legalidad y jurisdicción complementaria para la atención de formas delictivas particularmente lesivas», señaló la Cancillería del régimen de Maduro, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.
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Igualmente, sostuvo que la muestra de ese compromiso es la firma de un memorando de entendimiento con la CPI el pasado 3 de noviembre, «a pesar de la discrepancia de las autoridades nacionales con la decisión de la Fiscalía de iniciar una fase de investigación, sobre (…) los hechos que comenzaron en abril de 2017».
«La firma del memorándum de entendimiento es el resultado del sostenido anhelo de Venezuela de activar los mecanismos de complementariedad positiva con la Fiscalía de la CPI, manifestado en reiteradas solicitudes y en la invitación realizada al fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, para visitar el país», añadió la Cancillería.
Agradeció el «espíritu constructivo» de Khan, aunque dejó constancia de que, «realmente, no hubo examen preliminar, ya que no se permitió» a las autoridades «acceder a ninguna información, se le mantuvo a ciegas durante todo el trámite y no hubo acceso al derecho a la defensa y el debido proceso».
Asimismo, sostuvo que, hasta la fecha, no se ha producido una evaluación o informe de conclusiones o recomendaciones del examen preliminar que terminó la semana pasada, «lo cual lesiona seriamente el derecho a la defensa de Venezuela».
Sin embargo, aseguró que el régimen de Maduro es el «primer interesado» en establecer la verdad y la justicia, así como en reparar a las potenciales víctimas en «forma plena, justa y definitiva, tal como lo ha venido realizando y seguirá ampliando y profundizando».
El miércoles pasado, Khan anunció que la Fiscalía de la CPI abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, si bien aclaró que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
El anuncio llegó luego de tres días de visita al país de Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar dicho memorándum en el que se explica que la entidad que dirige «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela».
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
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