El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advierte que la investigación abierta por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, contra Venezuela, puede extenderse en el tiempo, por lo que hay que mantenerse firmes para contrarrestar las acciones dilatorias por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El miércoles tres de noviembre, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, dio a conocer su decisión de pasar a fase de investigación el caso Venezuela I que maneja el despacho a su cargo desde hace tres años cuando comenzó el examen preliminar; lo hizo en el propio Palacio de Miraflores y acompañado por el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
El anuncio de Kahn sorprendió a muchos que observaban que el Fiscal tardaba en pronunciarse sobre un caso sobre el cual su antecesora en el cargo, Fatouh Bensouda, ya había sacado unas conclusiones que no se hicieron públicas, pero que se asumían conducirían a abrir una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Junto a Nicolás Maduro, cuya gestión ha sido acusada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, de violación sistemática de los DDHH, y por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, de cometer crímenes de lesa humanidad, Karim Kahn suscribió un memorando de entendimiento mediante el cual el gobierno venezolano se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, con el apoyo y participación activa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El Ejecutivo venezolano intentó presentar los hechos como un reconocimiento por parte del Fiscal de la CPI a que la investigación se realizará en Venezuela y por parte de las instituciones venezolanas, atendiendo al principio de la complementariedad; sin embargo, la potestad de la investigación reposa en el despacho dirigido por Kahn, quien evaluará si el desempeño de la justicia local puede dar cumplimiento a los principios de la Corte.
Para el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, Venezuela no cuenta con un sistema de justicia, ni con un andamiaje legal que permita investigar y procesar según los preceptos internacionales, a presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y recuerda que, aunque el proceso puede extenderse en el tiempo, la tutela corresponde al fiscal Kahn y, en última instancia, a las personas interesadas en llevar los casos investigados hasta sus últimas consecuencias, es decir, las víctimas y familiares de víctimas de crímenes contra la humanidad.
Estima Gonzalo Himiob, que la decisión del fiscal Kahn revela que Venezuela, hasta el momento, no cuenta con la posibilidad de hacer justicia sobre los delitos presentados ante el organismo.
“Es un momento histórico para el país y para Latinoamérica; es la primera vez que se inicia formalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad en la región. Es un hito histórico no solo para los venezolanos sino para el propio Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI)”, expresó en entrevista concedida horas después del anuncio de la apertura de una investigación contra Venezuela.
A juicio de Himiob, el hecho es consecuencia del esfuerzo continuo durante muchos años por parte de las víctimas, las ONG de DDHH y la sociedad civil, que han registrado y reportado continuamente lo que ha venido pasando en Venezuela.
Sostiene que la Carta Compromiso suscrita entre Nicolás Maduro y Karim Kahn hay que tomarla como lo que realmente es, “una notificación formal” por parte del TPI al gobierno de Venezuela, con lo cual se está abriendo formalmente esta investigación y se están estableciendo unos parámetros con los cuales se va a adelantar dicha investigación, la cual requiere de Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, la máxima colaboración.
“Más allá de las florituras con las que el gobierno ha querido adornar lo que pasó, la realidad material que tenemos es que finalizó el examen preliminar en la situación Venezuela I; eso lo dice textualmente la Carta Compromiso, y se inició la investigación formal por la comisión de crímenes de lesa humanidad y se definieron cuáles van a ser las pautas de cooperación entre el Estado parte y la Fiscalía del TPI.
No obstante, Gonzalo Himiob afirmó que, aunque es algo que los venezolanos deben celebrar, se deben manejar las expectativas con racionalidad.
“Se está comenzando la investigación, todavía no están definidos cuáles van a ser los hechos, los casos específicos; tampoco están definidas las víctimas que abarcará esta investigación de manera inicial, ni quiénes van a ser considerados inicialmente como perpetradores. Todavía hay mucha tela que cortar y mucho trabajo por hacer”, advirtió.
Para Gonzalo Himiob las condiciones no están dadas para aplicar justicia local
En el acto de la firma del memorando se hizo mucho énfasis en el principio de complementariedad y la actitud del gobierno ha sido la de intentar demostrar que aquí en Venezuela se pueden realizar las investigaciones y los procesos respectivos para este tipo de delitos. ¿Cree que se puede concretar que las investigaciones se hagan en Venezuela solamente o hará falta la acción y el enjuiciamiento por parte de la CPI?
—Con toda la objetividad hay que decir que, dentro de lo que pauta el Estatuto de Roma, esta posibilidad siempre va a estar abierta. El artículo 53, numeral cuarto, dice con claridad que el Fiscal eventualmente podría reconsiderar su decisión de iniciar una investigación si surgen elementos que le permitan valorar o verificar que se ha producido un cambio que haga innecesaria su intervención. Entiendo, y esos son los testimonios y declaraciones desde el poder, que hacia allí van orientados los tiros del poder; que va a seguir insistiendo en decir que en Venezuela se puede hacer justicia en relación a graves violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad y que en consecuencia es innecesaria la intervención de la justicia penal internacional.
“Sin embargo -continúa- lo que dice el fiscal y está en la carta compromiso, es que en Venezuela esas condiciones no están dadas, lo dice con meridiana claridad y dice que, en consecuencia, se abre la investigación”.
El abogado hace énfasis al expresar que es evidente que quien pueda ser señalado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad va a hacer todo lo posible para substraerse de la justicia penal internacional y tratar de traer esos casos a la justicia local para intentar controlar los procesos, pero eso no quiere decir que el perpetrador vaya a tener éxito ni quiere decir que eso cambia por sí mismo las condiciones que están siendo valoradas para el inicio de la investigación.
“Lo fáctico es que, desde la perspectiva internacional, se tiene claro que en Venezuela no están dadas las condiciones estructurales ni existe la voluntad genuina de investigar crímenes de lesa humanidad y por eso es que sale al paso el fiscal ante el TPI”, asegura Gonzalo Himiob.
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