«La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan de investigar a los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela desde el año 2017, ha causado mucha preocupación en todos los niveles de la administración pública, sobre todo en los militares por los posibles casos que se podrían abrir a partir de ahora». Así lo considera Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Sostiene que la decisión del fiscal de la CPI de anunciar la culminación del examen preliminar de Venezuela y pasar a la fase de investigación, es un acontecimiento inédito en el continente americano, que llena de esperanza a las víctimas de torturas, persecuciones, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, asesinatos, desapariciones forzadas, y detenciones arbitrarias que se han cometido durante el gobierno de Nicolás Maduro.
«El Gobierno ha intentado confundir a la opinión pública tratando de neutralizar la decisión del fiscal de la CPI generando un acuerdo de cooperación, que es obligatorio, ya que el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, por lo tanto debe colaborar», comunicó.
¿Qué representa para la nación que el fiscal de la CPI haya decidido abrir una investigación contra personas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Esta decisión es una ventana de justicia que es consecuencia de la perseverancia, valentía de personas que se convirtieron en víctimas, superando el miedo, el dolor y las posibles retaliaciones y decidieron brindar testimonio para que se conociera lo que en Venezuela había ocurrido. Esta investigación va a derivar en abrir un procedimiento judicial contra individuos responsables de crímenes contra la humanidad, no solamente contra quienes dispararon y que torturaron, sino también contra quienes dieron las órdenes y permitieron que esos crímenes ocurrieran. Abarca también esta decisión, hecho que las autoridades venezolanas se comprometieron frente a la fiscalía, en realizar reformas al sistema de administración de justicia para que por primera vez hubiera procesos judiciales genuinos contra violadores de derechos humanos, algo que nunca ha ocurrido hasta ahora.
¿Qué tipo de reformas debe hacer el Gobierno?
No solamente es investigar y sancionar, sino que también tienen que hacer reformas en el sistema de justicia profundas para que esos procesos judiciales sean posibles, y eso va desde los tribunales y jueces que han permitido estas situaciones sean removidos, sean designados otros mediante concurso, donde se evalúe no su fidelidad política, sino su capacidad para ejercer el cargo. Desde remover a altas autoridades que han permitido que las situaciones ocurrieran y que las encubrieron durante mucho tiempo, es decir, se debería remover a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la directiva del Ministerio Público, y de la Defensoría del Pueblo en Venezuela, pero también deben eliminar los centros clandestinos de detención, donde están ocurriendo desapariciones temporales y donde las personas están siendo sometidas a tortura.
¿Para usted qué representan las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, que asegura que el acuerdo firmado con la CPI es una victoria institucional para Venezuela?
Ese es el intento del Gobierno de engañar. Así como se intentó decir que el fiscal venía a Venezuela con una agenda legitimadora del Gobierno, aquí lo que se intenta es presentar esto como una victoria del Gobierno, cuando es absolutamente lo contrario. Que se haya avanzado a una fase de investigación es la ratificación de dos cosas: primero que ocurrieron crímenes contra la humanidad en Venezuela, que es el nivel superior de gravedad de violaciones contra los DD. HH. a nivel internacional, quienes se vinculan en el mundo como criminales de lesa humanidad son los personajes más oscuros de la política internacional. Y segundo, la decisión del fiscal de la CPI, señala que no solamente ocurrieron estos crímenes, sino que no se investigaron, y que se mantuvieron en impunidad.
Una de las instituciones más señalada en los documentos que las víctimas han entregado ante la CPI de cometer crímenes de lesa humanidad es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). ¿Cómo pueden reaccionar los militares a partir de ahora?
En este momento, lo lógico es que debería haber muchas preocupaciones en los diferentes niveles de la administración pública, incluyendo la institucionalidad de la FANB. Hay muchas preocupaciones sobre los posibles casos que se podrían abrir, las posibles personas que pudieran responsabilizar, y yo creo que cualquier funcionario, medio o alto, con un mínimo de autoestima debería distanciarse de un Gobierno que permitió y ocultó que se hayan registrado crímenes contra la humanidad en su territorio.
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