Los rostros de los afganos salvados en agosto del terror talibán por España nos recordaron qué es un refugiado. Pero hay miles de rostros más en una huida constante de sus lugares de origen y muchas de esas miradas están puestas en nuestro país:130.000 personas pedirán protección internacional en 2022, según el Gobierno, casi el doble de las que lo hicieron el año pasado marcado por la pandemia (88.762).
La cifra, jamás alcanzada, aparece en el real decreto que regula la concesión de 12 millones en subvenciones directas a las ONGque trabajan con quienes piden protección internacional. Publicada en el BOE el 12 de octubre, esas 130.000 personas son una estimación basada en los datos de 2019 (118.446 solicitantes) que tiene en cuenta dos factores adicionales. Uno, las personas que no pudieron moverse en 2020. Todo apunta a que muchas lo intentarán. Y dos:la inestabilidad en algunas zonas del mundo. «Tenemos que ser previsores y anticiparnos a los riesgos de inestabilidad política en determinados países que provoquen flujos de refugiados», explican a ABC fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá es el responsable de estas ayudas.
El dato de 130.000 aspirantes a ser amparados por España hay que ponerlo en relación con otros años para apreciar su dimensión. Antes de 2019, cuando se marcó un récord arrastrado por los miles de venezolanos que escapaban del régimen de Maduro, la cifra más alta era la del año anterior: casi 56.000 personas que solicitaron esta figura de asilo. Pero solo cinco años atrás la media de peticionarios rondaba los cinco mil al año. Es el equivalente a los que han intentado acogerse al sistema de protección cada mes durante este 2021.
La situación de Venezuela es la que ha marcado estas cifras vertiginosas. El éxodo de sus nacionales supuso el año pasado que se registraran casi 41.000 peticiones. La mayoría se deniegan, pero al 99 por ciento se les concede la residencia por razones humanitarias, que les permite en un periodo de entre ocho meses y un año poder trabajar. El rostro de la protección internacional ha cambiado radicalmente en los últimos años por este motivo. Venezolanos, colombianos y hondureños copan las cifras de solicitantes: suponen el 87 por ciento. Hace una década Cuba, Nigeria y Argelia encabezaban esa lista. Entre los tres no llegaban a un millar de peticiones. Solo 19 venezolanos pidieron entonces protección a España.
Este asilo garantiza satisfacer las necesidades básicas cuando la persona carece de recursos, tanto si se le concede el estatuto de refugiado o una protección subsidiaria. Ambas siguen siendo muy restrictivas, tal y como denuncian organismos como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). El año pasado hubo un avance: se resolvieron 115.000 peticiones, más del doble que en 2019, sin embargo la tasa de aprobadas rondó el 5 por ciento. «Muy lejos de la media comunitaria y aún más de países como Grecia (55%) o Alemania (44%)», señala CEAR en su informe anual. El 60%, señalan, se quedaron en situación de desamparo, al margen de los venezolanos y su estatus especial por razones humanitarias.
10.000 plazas
El Sistema de Protección Internacional, de competencia estatal, cuenta con cerca de 10.000 plazas de acogida para personas refugiadas, distribuidas en todo el territorio nacional, que se completa con una red complementaria aportada por numerosas ONG dedicadas además a integrar a estas personas en varias fases. En las ayudas aprobadas ahora 12 millones se ponen de manifiesto varias realidades: una, que la mayoría de quienes piden asilo entran a través de los aeropuertos;dos que al abrirse las fronteras la probabilidad es que esas peticiones se dupliquen y tres que el sistema se ha hecho cargo de más de dos mil afganos.
La pandemia implicó medidas que dispararon los gastos hasta el punto de que el sistema «no dispone de financiación para los gastos de 2022», señala el real decreto mencionado, para justificar esos 12 millones aprobados de urgencia para organizaciones que están gestionando los recursos de acogida como Adoratrices, Columbares, Progestión, San Juan de Dios, CESAL, la Red Acoge y muchas otras. La partida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y es independiente de los Presupuestos que acaban de salir adelante. En ellos se destinan 157 millones de euros para atender la protección internacional y se prevé un rediseño del sistema actual en el que tiene cabida la España vaciada.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
