El experto en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, Simón Gómez, asegura que la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, no implica un respaldo hacia la gestión de Nicolás Maduro, y que en cambio puede ser visto como una presión para que el Estado inicie una reforma judicial e imparta justicia por violaciones a los DDHH o se abra formalmente una investigación en el organismo internacional.
El anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kahn, a Venezuela causó sorpresa entre quienes esperan que se haga público el acto conclusivo sobre el examen preliminar correspondiente a las denuncias por presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido el Estado venezolano especialmente en las protestas contra el gobierno registradas en 2017 y se inicie una investigación formal, debido a que la percepción de un acercamiento entre el fiscal y el Ejecutivo venezolano, que podría desembocar en impunidad.
Previo a su llegada a Venezuela, el fiscal de la CPI estuvo en Colombia, y en ese país firmó con el presidente Iván Duque el cierre de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno del país neogranadino en su enfrentamiento con las fuerzas insurgentes, algo que también alarmó a algunos sectores que comienzan a tener dudas sobre el desempeño de Kahn
Para Simón Gómez Guaimara, especialista en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela, es muy pronto para comenzar a evaluar la gestión de Kahn, quien inició su desempeño como fiscal en mayo de este 2021, y advierte que la visita está enmarcada en el principio de cooperación entre los Estados y la CPI, por lo que no observa la visita como algo a favor del gobierno, sino como elemento de presión para que las autoridades venezolanas demuestren si están dispuestas o no a llevar hasta sus últimas consecuencias las averiguaciones por los casos de violaciones a los DDHH.
“La cuestión de la cooperación con el Estado, es uno de los pilares del sistema de la Corte Penal Internacional en conjunto con el principio de la complementariedad. Los Estados, de acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Roma, están obligados a cooperar con la Corte en la realización de su mandato, que es prevenir e impedir la impunidad por los crímenes que son de su competencia”, explica Gómez.
A juicio del abogado, la actividad realizada por la fiscalía de la CPI se ha desarrollado en una armonía relativa con el Estado venezolano a lo largo del examen preliminar, cuando las autoridades venezolanas han suministrada alguna información y participado de reuniones en La Haya.
Simón Gómez destaca Contacto permanente entre CPI y Venezuela
La alarma sobre la visita del Kahn a Venezuela se entiende dado que la anterior fiscal, Fatouh Bensouda, quien inició el examen preliminar, había dicho en marzo pasado que ya tenía listo el acto conclusivo de la averiguación, que aspiraba dar a conocer antes de terminar su gestión en abril, y parecía inminente que se iniciaría la investigación formal contra el Estado venezolano, sin embargo, las autoridades venezolanas introdujeron un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI alegando que la Fiscalía les había tratado injustamente y Bensouda se quedó sin poder dar a conocer la conclusión de la evaluación, luego de lo cual han pasado varios meses sin que su sucesor se haya pronunciado sobre el caso Venezuela I.
Al respecto, Simón Gómez observa que ambos fiscales han estado prestos y abiertos a colaborar con el Estado venezolano, tal como ordena el Estatuto de Roma.
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