Mientras las cárceles de Perú se encuentran entre las más sobrepobladas de América Latina, hay una exclusiva prisión en la que vive un solo reo.
Por BBC MUNDO
No tiene celdas. Cuenta con tres estancias, biblioteca, un taller para pintar, una cocina, sala de reuniones, enfermería e, incluso, un huerto.
Para mantenerla y cuidar de su único preso, solo en 2020, el gobierno invirtió unos US$172.000 dólares, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes.
Y es que allí, en la prisión de Barbadillo, en el barrio de Ate, en Lima, no está solo «el preso más caro de Perú», sino también el más famoso: el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Desde hace años, las «comodidades» con las que cuenta el exmandatario -comparadas con las condiciones de insalubridad y hacinamiento en la que viven la mayoría de los presos del país- ha sido objeto de numerosas investigaciones, cuestionamientos y controversias.
Pero ahora, por primera vez en más de una década, el gobierno ha mostrado la intención de cambiarlo a una prisión común.
La pasada semana, el ministro de Justicia Aníbal Torres dijo a una radio local que Fujimori «no puede tener privilegios» y que sería trasladado a otro penal cuando mejore su estado de salud (fue sometido a una intervención cardiaca recientemente) «porque así lo establece la ley».
«La ley dice que todos los que han delinquido se tienen que encontrar en las mismas condiciones», indicó Torres.
«Un alto criminal que cometió graves delitos desempeñando un alto cargo público, como el de la presidencia de la república, no debe tener un tratamiento diferente a otros criminales», agregó.
La familia y los seguidores del exmandatario se han opuesto por años a que sea ubicado en un penal común por «motivos de seguridad».
BBC Mundo intentó comunicarse con el abogado de Fujimori, César Nakazaki, para conocer la posición de la familia y la defensa ante su eventual traslado y sobre las condiciones que tiene en el actual penal, pero no tuvo respuesta inmediata.
Sin embargo, la pasada semana, la hija del exmandatario, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, responsabilizó al actual gobierno de lo que pueda pasar a su padre ante un potencial cambio de penal.
«Considero que cambiar de penal a mi padre, el intento del gobierno de Pedro Castillo, sería atentar contra la vida de Alberto Fujimori», dijo.
El anuncio del potencial cambio tiene lugar luego de que a finales de agosto, las autoridades trasladara también de una cárcel en una base naval a una prisión de máxima seguridad al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en lo que fue visto como un giro a la «política de privilegios» hacia miembros del gobierno que tuvo el poder entre 1990 y 2000.
La cárcel
Según cuenta a BBC Mundo la abogada Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, la decisión de crear una cárcel especial para Fujimori se decidió a partir de su extradición de Chile, donde fue detenido tras escapar a Japón.
«Entonces, durante el gobierno de Alan García (2006-2011) se decide crear este pequeño penal dentro de la Diroes (la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía) para que él pudiera estar, pero también para que estuviera cerca de una sala de audiencias y no se tuviera que correr el riesgo de trasladarlo cada día», dice.
Sin embargo, cuando el juicio terminó y Fujimori fue sentenciado, no fue enviado a un penal común a cumplir su condena, pues según Cano, entonces se consideraba que no cumplían con las condiciones para garantizar su seguridad.
«Sin embargo, eso fue tomando otro cariz cuando comenzó a conocerse de las condiciones en las que estaba, que no tiene nada malo, pero que sí estaría bien que las tuvieran entonces todas las prisiones y todos los presos», dice.
Según reportes de investigaciones oficiales que se han filtrado la prensa peruana, la parte que ocupa Fujimori abarca un área de 800 metros cuadrados al interior de la Diroes.
La habitación donde duerme tiene unos 15 metros cuadrados, una cama ortopédica y televisión. En su prisión, tiene también baño propio, la cocina está equipada, tiene comedor y una sala de visitas de aproximadamente 20 metros cuadrados.
Esto ocurre en un país donde, según datos del Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, las cárceles tienen una sobrepoblación del 223,6%.
«A esto se suman los costos, que van desde el personal hasta los servicios y la seguridad. Lógicamente en una cárcel normal, el costo se distribuye entre los presos, pero aquí es todo para un solo preso y mantener un penal para una sola persona es muy oneroso para el Estado peruano», opina Cano.
Según datos del INPE, los costos de la prisión de Fujimori se han ido multiplicando a lo largo de los años.
Entre 2011 y 2015 se calculó que el gobierno gastaba unos US$107.632 al año en Barbadillo. Para 2020, había aumentado en más de un 60%.
Datos del INPE sugieren que, mientras en la mayoría de las cárceles del país existe un empleado por cada nueve reos, donde está Fujimori hay una veintena de trabajadores solo para él.
Entre ellos se incluyen enfermeras que cubren los días completos en turnos de ocho horas, un médico, una decena de guardias de seguridad, más el personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento y de movilidad (por si Fujimori, como ha pasado en varias ocasiones, necesita ser trasladado a un hospital).
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