Desde hace una semana, La Paz, en Bolivia, es escenario de protestas por parte de productores cocaleros en las que se han registrado enfrentamientos con la Policía y ha habido daños a infraestructuras.
El conflicto, que no es nuevo, es por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que agrupa a los productores de la hoja de coca de Los Yungas, una región geográfica de Bolivia ubicada en el departamento de La Paz.
La sede de Adepcoca se localiza en el barrio Villa Fátima de La Paz y en el lugar también funciona uno de los dos mercados legales autorizados para la venta de coca en el país.
En este marco, había tres grupos —ahora se redujo a dos— que se peleaban por la dirección y administración del mercado de Adepcoca. Uno es el de Armin Lluta, elegido y posesionado como presidente de la asociación en diciembre del año pasado, en medio de un conflicto judicial, debido a un amparo interpuesto por otro directorio que reclamaba la representación.
El otro grupo es el de Arnold Alanes, quien tiene el respaldo del Gobierno; y el tercero es el de Fernando Calle, un dirigente que se autoproclamó como presidente cocalero con un reducido número de personas.
Conflicto antiguo
El conflicto entre los cocaleros de Los Yungas viene desde años anteriores. En 2015, fue electo como presidente de Adepcoca Franklin Gutiérrez, reelecto más adelante para el cargo.
En agosto de 2018, Gutiérrez fue detenido, tras ser acusado de ser el autor intelectual de una emboscada a fuerzas antidroga en La Asunta, en Los Yungas. En el hecho, el teniente Daynor Sandoval perdió la vida y otros siete resultaron heridos.
El entonces comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, lo señaló de ser el cabecilla de una organización criminal que opera en Los Yungas. Hay una «estructura organizada en el ámbito ilegal, el ilícito está a la cabeza de Franklin Gutiérrez», dijo.
En julio de 2019, una facción eligió a Elena Flores como nueva presidenta de Adepcoca. Sin embargo, ante la negativa de la directiva encabezada por Gutiérrez, para entonces preso, los cocaleros afines a la nueva presidenta de la asociación tomaron el centro de salud de la organización, ubicado en la zona de Villa Fátima, con el fin de administrar su gestión desde ese lugar.
Después del golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019 y apenas dos días después de instalado el gobierno de facto de Jeanine Áñez, Gutiérrez fue liberado y retomó sus funciones al frente de Adepcoca. Entretanto, en marzo de 2020, fue aprehendida Flores, acusada de la toma y destrucción del centro de salud de la entidad cocalera en 2019.
En diciembre de 2020, otra facción de los cocaleros de Los Yungas eligió a Lluta como titular de la asociación y este reemplazó a Gutiérrez. Sin embargo, a la par, Flores, que recuperó su libertad en octubre del año pasado, tras más de siete meses detenida, había interpuesto un recurso de amparo ante la Justicia, que falló a su favor.
La nueva disputa
Con las dos directivas, encabezadas por Lluta y Flores, este año el Gobierno boliviano propició un diálogo para destrabar el conflicto.
A principios de julio, el Ministerio de Gobierno informó que ambas representaciones acordaron nueve puntos para pacificar el conflicto; entre los que se incluyó realizar las elecciones de una nueva dirigencia de la Adepcoca en un plazo de 45 días bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, días después, Lluta decidió rechazar el acuerdo establecido.
El nuevo capítulo de esta disputa comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando una nueva directiva, encabezada por Alanes —que es apoyado por Flores— tomó el control y sede del mercado de Adepcoca. Esta dirigencia ha sido reconocida por el Gobierno.
Según informó el martes de la semana pasada el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a principios de mes hubo una elección, en la que resultó electo Alanes como el nuevo presidente de la Adepcoca y ello se ratificó con una asamblea celebrada el 20 de septiembre.
«Ha habido un congreso multitudinario, han existido miles de personas, hemos visto las imágenes y como Gobierno nacional no podemos cuestionar lo que se ha definido, por tanto reconocemos al señor Alanes», dijo Del Castillo el pasado martes 21 de septiembre.
No obstante, los ánimos ya estaban caldeados desde el lunes. El grupo que lidera Lluta cuestiona la elección, no reconoce a Alanes y lo acusan de representar a las «zonas rojas» o áreas donde no debería haber plantación de hoja de coca (plantaciones ilegales); asimismo, mientras se proclamaba al nuevo titular de la Adepcoca, en otra asamblea, con menor número de participantes, se eligió a Calle como representante de la organización.
En este marco, durante esta última semana se han registrado protestas, enfrentamientos con la Policía, quema de infraestructuras y otros hechos, que han dejado heridos, entre ellos dos periodistas, y alrededor de 30 detenidos.
La semana pasada, hubo un ataque y quema de un módulo y cinco vehículos policiales, por parte de cocaleros adeptos a Lluta en la zona de Villa Fátima. Por este hecho, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, hubo tres detenidos.
El pasado sábado se celebró un diálogo en la sede de la Vicepresidencia de Bolivia, en La Paz, para intentar solucionar el conflicto, pero fue roto a la medianoche y los cocaleros anunciaron que radicalizarían sus medidas de presión.
El lunes hubo nuevos enfrentamientos entre los cocaleros que buscan recuperar el control del mercado de Adepcoca y la Policía. En medio de la confrontación, un apartamento residencial fue incendiado.
Este mismo día, Alanes informó que llegaron a un consenso con la facción que apoya a Calle. «Quiero informales con mucha alegría, con mucha satisfacción a todo el pueblo yungueño y a todo el pueblo boliviano, hacerles conocer que hemos llegado a un consenso de unidad por la pacificación de nuestro Yungas. Hoy por hoy los Yungas está demostrando unidad plena», manifestó.
Mientras, continúa el conflicto con el grupo de Lluta. De acuerdo con Alanes, los cocaleros que siguen movilizados están «confundidos y mal informados», por lo que los convocó al diálogo y a integrarse.
Edgar Romero G.
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