La comisión creada para reformar la Constitución bielorrusa planteará al presidente, Alexandr Lukashenko, la posibilidad de abolir o introducir una moratoria a la pena de muerte, ya que Bielorrusia es el único país de Europa que la aplica en la actualidad.
«Hay tres variantes. Las tres exigen la participación del Jefe del Estado», explicó Piotr Miklashévich, presidente del Tribunal Constitucional, según informó la agencia oficial BELTA.
Miklashevich precisó que dos de esas variantes exigirían la celebración de un referéndum, ya que en 1996, dos años después de la llegada al poder de Lukashenko, los bielorrusos apoyaron seguir aplicando la pena capital en un plebiscito.
Una de las opciones es la abolición de la pena de muerte, algo a lo que siempre se ha opuesto el líder bielorruso escudándose en el apoyo mayoritario del máximo castigo entre sus conciudadanos.
Además, añadió, el presidente «también tiene derecho a introducir una moratoria a la aplicación o ejecución de la pena de muerte. Es decir, es posible una solución gradual, como en otros países».
La vecina Rusia introdujo una moratoria a la pena de muerte en 1996, lo que le permitió acceder al Consejo de Europa, algo que Bielorrusia nunca ha hecho, lo que le convierte en el único país del continente que no pertenece a ese organismo.
«Se planteó también cambiar la norma y aplicar la pena sólo para aquellos crímenes terroristas que acarrean muertos», señaló.
El juez también dejó entrever la posibilidad de que Lukashenko decida «no tocar» el artículo 24 de la Carta Magna sobre la pena de muerte.
En su comparecencia con ocasión del aniversario del estallido de las protestas este lunes, Lukashenko devolvió a sus autores el borrador de reforma constitucional al considerar que el texto era demasiado largo.
Miklashévich señaló que el proyecto final se le presentará antes de final de mes al presidente, que sugirió el lunes que podría dejar el poder y reforzar el papel del Parlamento.
Entre otros, en 2012 fueron ejecutados los dos terroristas que perpetraron un atentado con bomba en el metro de Minsk en abril de 2011 en el que murieron 15 personas, ajusticiamiento condenado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
La oposición denuncia la represión violenta de las protestas antigubernamentales, numerosos casos de tortura en los centros de reclusión y la detención de más de 36.000 personas desde agosto de 2020, aunque Lukashenko negó el lunes todas esas acusaciones.
EFE
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