Un hombre de 55 años fue puesto en libertad este lunes tras haber permanecido doce años en una cárcel de la República Dominicana sin haber pasado nunca por un tribunal, sin que existiera causa penal en su contra y sin constancia documental de su ingreso en prisión.
EFE
Luis Alvarado salió a las 9.00 de la mañana de la superpoblada cárcel de La Victoria, en Santo Domingo, a raíz de una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que tuvo conocimiento de su situación hace casi tres meses, al comenzar un proceso de apertura de oficinas en centros de reclusión con mayor número de internos del país.
El presidente de la CNDDHH, Manuel María Mercedes, explicó en declaraciones a Efe que Alvarado fue apresado cuando acudió a la casa de un constructor en Monte Plata para reclamarle el pago por los servicios que le había prestado como albañil, momento en el que el patrón, que se negó a pagarle por su trabajo, llamó a la policía.
Allí se presentaron dos miembros de la Policía Nacional que lo llevaron al destacamento de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, «y desde ahí, sin pasar por un juez y sin nada, fue conducido directamente a La Victoria», donde nunca prestaron atención a sus reclamos.
«Eso hay que buscarlo, eso hay que buscarlo», le decían en la cárcel cuando exponía que no había pasado por un tribunal y que lo habían encarcelado sin un solo documento, según relató a Efe unas horas después de su excarcelación.
«Eso fue un abuso, eso fue más un secuestro» y si «me quedo callado me muero yo en La Victoria», porque «esa gente no me tenía en el sistema ni nada. Un animal trancado ahí», dijo, deseoso de volver a su pueblo.
La Dirección General de Prisiones hizo las indagatorias pertinentes y certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno y lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata.
Se da la circunstancias de que, además, Alvarado no cuenta con documentos de identificación, no tiene más que lo que lleva puesto, está libre pero «sin un lugar a dónde ir y sin recursos», afirmó Mercedes.
Ahora, «lo menos que el Estado puede hacer es indemnizar económicamente» al afectado ya que no hay otra forma de resarcirlo por doce años de cautiverio injustificado en una prisión que «es un cementerio de hombres vivos» por las condiciones de «hacinamiento e indignidad» que hay en esa cárcel, a pesar el «esfuerzo que las actuales autoridades penitenciarias vienen haciendo», expuso Mercedes.
La CNDDHH está estudiando una «posible demanda al Estado dominicano» para que le compense de forma administrativa, siendo «los primeros responsables» de sus doce años preso «los oficiales que se prestaron a arrestar a un ciudadano sin pasarlo por el tribunal, sin la orden de un funcionario competente, a enviarlo directamente a La Victoria», explicó.
Los segundos responsables son «quienes lo recibieron» en el penal sin la orden pertinente, y lo encerraron «de manera ilegal ahí. Y la tercera responsabilidad, en sentido general, la tiene el Estado dominicano», apuntó.
Tras liberar a Alvarado, el Gabinete Penitenciario señaló en un comunicado que espera otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional sobre este caso y que sigue investigando si existen otros privados de libertad en las mismas condiciones.
Asimismo, la institución recordó que «hace unas semanas adoptó una serie de cambios en la dirección de varios centros de privación de libertad para corregir distorsiones pasadas».
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