Las medidas para combatir el coronavirus aumentaron las barreras para el aborto seguro en Colombia por las limitaciones de movilidad, demoras en la atención médica e incluso restricciones impuestas por grupos armados, que afectaron especialmente a mujeres en zonas rurales y a migrantes.
Según un estudio divulgado este miércoles por Women’s Link Worldwide y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre otras organizaciones, las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «no solo persisten en el país sino que se han acentuado durante la pandemia».
«Esto constituye un retroceso grande en un contexto de pandemia en el que deberíamos estar acercando a las mujeres a los sistemas de salud, pero lo que estamos haciendo es alejarlas más», explica a Efe Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link Worldwide.
Entre marzo y diciembre de 2020, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres atendió 111 casos de mujeres que solicitaron acompañamiento legal para acceder a la IVE, el doble de los registrados durante el mismo periodo en 2018 (55) y un aumento del 31,5 % respecto a 2019 (76).
Es el caso de Andrea, quien presentó una acción de tutela (recurso de amparo) contra su Entidad Promotora de Salud (EPS) en Bogotá después de esperar durante casi dos meses una respuesta a su solicitud para acceder a la IVE.
El juzgado que recibió la tutela en Bogotá la envió al Distrito Judicial del selvático departamento del Chocó, donde tampoco aceptaron el recurso y la remitieron a la ciudad caribeña de Barranquilla, desde donde el documento fue devuelto a la capital colombiana, lo que alargó su espera.
«Si Colombia quisiera avanzar y proteger la salud y la vida de las mujeres, tendría que revisar su marco normativo para regular el aborto desde una vía sanitaria, no usando el derecho penal», asegura Cocomá sobre la estigmatización y criminalización que sufren las mujeres cuando solicitan un aborto.
OBSTÁCULOS ACENTUADOS POR LA PANDEMIA
La Corte Constitucional despenalizó en 2006 las tres causales para el aborto que hoy están vigentes en Colombia, país en el que no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, por malformación del feto o cuando la madre o el feto corran peligro.
Sin embargo, el país todavía tiene múltiples obstáculos como las brechas de información, que son más amplias en zonas rurales y en regiones afectadas por el conflicto armado, las demoras en la asignación de citas e incluso el uso indebido de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.
El estudio recoge además otras limitaciones relacionadas con la pandemia, como la falta de información sobre las rutas y canales de atención para el acceso a la IVE y los obstáculos impuestos por la virtualidad.
TRABAS EN ZONAS RURALES
En la pandemia aumentaron además las fallas administrativas que derivaron en casos de mujeres que fueron remitidas por su EPS a una institución prestadora de salud a 12 de horas de distancia por tierra de su lugar de residencia, pero no les autorizaron el servicio de traslado porque las ambulancias solo estaban destinadas para atender casos prioritarios o relacionados con la covid-19.
«En varios hospitales y clínicas la IVE no fue considerada como un servicio de salud prioritario, por lo tanto no tuvieron agendas para atender a las mujeres que la solicitaron», destaca el documento.
La Defensoría del Pueblo, citada en el informe, encontró además que los profesionales de la salud también incurren en un abuso del derecho a la objeción de conciencia e indicó que las barreras en las zonas rurales están relacionadas con una débil presencia del sistema de salud, por lo cual las mujeres deben remitir sus solicitudes a otros departamentos.
Sin embargo, en algunas regiones del país, como en los departamentos del Meta y Putumayo, la presencia de grupos armados ilegales limitó el desplazamiento de las mujeres hacia centros de salud.
«En estos casos, los actores armados ilegales, al ejercer el control social y territorial sobre la población a través de medidas violatorias de derechos humanos, como el confinamiento de las población, son quienes deciden sobre el ingreso y la salida de todas las personas en los territorios», señala el estudio.
LIMITACIONES PARA MUJERES MIGRANTES
«El informe muestra que la atención (de las organizaciones sociales) a mujeres migrantes aumentó significativamente durante la pandemia y una barrera clave fue el cierre de vías en zonas de fronteras, donde tampoco hay un acceso real a la IVE», explica Cocomá.
Según el documento, las limitaciones que enfrentan las migrantes, que representaron el 33,3 % del total de casos atendidos por la Mesa, se agudizan cuando su estado migratorio es irregular, por la falta de información sobre salud reproductiva o porque muchas de ellas son abusadas sexualmente en los pasos fronterizos irregulares.
«Hasta que no se tomen medidas estructurales para tumbar las barreras de acceso real al aborto el acompañamiento a estas mujeres no va a ser suficiente porque la barrera principal es el estigma, y el estigma lo alimenta el hecho de que el aborto se siga viendo como un delito con excepción de tres causales», advierte la abogada. EFE
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