El OVSL reclama que la administración de Nicolás Maduro no respeta elementos como un salario digno y que persigue a los trabajadores sindicales, recomendaciones de la OIT.
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLS) denunció que el Estado venezolano continúa ignorando las recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo en pro de los trabajadores del país.
Considera como prioritario que cesen las persecuciones contra la dirigencia sindical y se resguarde la libertad de los sindicatos, ya que de esta forma se puede restituir la negociación colectiva y así establecer un «salario digno».
En ese sentido, resaltó que todavía no se han adoptado medidas legislativas o de otra índole para que se apliquen efectivamente los convenios que se alcanzaron con las recomendaciones que se realizaron.
También denunció que la administración de Nicolás Maduro sigue ignorando la recomendación de la OIT para eliminar las normas o reglas que impiden o criminalizan el ejercicio de la libertad sindical, mientras que alertó que existe un aumento a leyes contrarias a las sugerencias que dieron, como es el caso de la ley constitucional sobre los consejos de trabajadores o la ley del odio.
Reportó que el Consejo Nacional Electoral tampoco ha derogado las disposiciones que no permiten realizar elecciones en los sindicatos, al igual que no hay proyectos en la Asamblea Nacional que promuevan la modificación de las leyes actuales ni de discutir en proyecto de Ley orgánica de libertad sindical.
Considera el OVSL que lo que sucede es lo contrario; la Asamblea Nacional elegida en 2020 ha comenzado a discutir una serie de proyectos de ley que niegan los derechos de los trabajadores, como el proyecto de ley de zonas especiales, dice un comunicado.
A juicio de ese observatorio, hay una ausencia de «mecanismos reales de diálogo social» que es evidente, haciendo referencia a que no se incorpora a la comisión presidencial que monitorea la covid-19 en el país el organismo estatal para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
«Esa ausencia refleja claramente la política estatal de no querer ni siquiera escuchar a los actores sociales que están en primera línea luchando contra la pandemia», detalla el OVSL.
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