Este verano se cumplen tres años desde que Rubén Moreno (Valencia, 1988) se divorciara de su familia. Antes de este corte radical, este joven educado en la fe evangélica tuvo que pasar por un calvario que le dejó graves estigmas. Entre otros, ser sometido a un exorcismo a manos de varios fieles de su Iglesia en el salón de su propia casa. Este tipo de prácticas y otras impartidas por ciertos psicólogos y psiquiatras para «curar» la homosexualidad están prohibidas explícitamente en la nueva «ley trans». Pero, de momento, solo son ilegales en cinco comunidades autónomas: Madrid, Aragón, Valencia, Cantabria y Andalucía.
Por LA RAZÓN
Al otro lado del teléfono, Rubén coge aire antes de empezar a narrar su vía crucis a este periódico. Durante varios años se «esforzó» por revertir su homosexualidad en un proceso que lo llevó a campamentos evangélicos de reeducación en el extranjero. «De aquellos viajes a Texas y Puerto Rico volvía hecho una mierda porque todo lo que aprendía allí, y en lo que acababa creyendo, me condenaba y, al mismo tiempo, no podía dejar de pecar. Después de meterme en páginas pornográficas podía tirarme una semana y media llorando».
Rubén logró mantener en secreto su condición hasta que, con 19 años, su familia interceptó una serie de mensajes con un chaval colombiano al que confesaba la verdad. «Mi madre me llamó al salón y empezó el interrogatorio. Yo tenía la firme intención de no salir nunca del armario y le juré que no me gustaban los hombres. No me creyó, me dijo que eso era cosa del demonio y me prohibió Internet», relata. Al poco tiempo, un grupo de pastores de su Iglesia acudió al domicilio a convencerlo de que «confesara». Cuando les reveló que aún era virgen se quedaron tranquilos porque, según le dijeron, «llegaban a tiempo».
«Ellos no lo llaman exorcismo, pero es lo que hacen. Un ritual en el que tratan de sacarte el espíritu de la lujuria, la homosexualidad, la pedofilia y el adulterio. Meten todo en el mismo saco», recuerda. Le registraron la habitación y le obligaron a tirar «hasta las películas de Harry Potter. La música no fue problema porque por entonces solo escuchaba cánticos religiosos».
A partir de esa intervención, el marcaje materno fue insoportable. Trataron de que accediera a ir a un centro en EE UU en el que «sanaban» la homosexualidad. «Las fotos eran de película de terror, chicos con batas blancas y la cabeza rapada, como si fueran enfermos de cáncer. Todos con expresión de asco». Se libró de aquello, aunque persistieron sus intentos por cambiar. «De verdad que lo seguía intentando. Finalmente, acabé en Brasil con un pastor chileno que comparaba la homosexualidad con la zoofilia. Fue horrible. A los dos meses volví a España con 20 kilos menos».
El conflicto interior de este hombre que ahora tiene 33 años le llevó a dos intentos de suicidio y a un ingreso de un mes en un psiquiátrico en el que terminó con una camisa de fuerza: «Fue la experiencia más traumática de mi vida». Aquello marcó un punto y final para él. Logró marcharse de casa y empezar una nueva vida en la que aún se afana: «Tengo muchas secuelas, todavía soy incapaz de estar solo con niños. Me aterra que alguien pueda acusarme de pedofilia. También me cuesta entender cosas tan básicas para otros como la teoría de la evolución porque el creacionismo es algo que te graban a fuego».
A Rubén le echó una mano para salir de aquel tormento la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión. Su presidente, Saúl Castro, asegura que «estas prácticas se producen en un contexto muy oscuro. En nuestro país hay dos tipos de perpetradores: los que sacan rédito económico, como psicólogos o psiquiatras, y los altruistas, que suelen ser miembros de una comunidad pastoral». Como muchas de ellas se realizan a través de «redes informales» son muy difíciles de rastrear. Según él, el 70% de quienes las sufren son menores de edad. Este abogado de derechos humanos considera que la «ley trans» se ha quedado muy corta porque no criminaliza las prácticas sino que establece una sanción administrativa que puede alcanzar los 150.000 euros. En su opinión, esta persecución civil y no penal “se ha demostrado ineficaz porque lo que hacen terapeutas como Elena Lorenzo es pagar la multa y ya está”.
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