La brutalidad policial, que ha causado al menos 20 de las 34 muertes confirmadas por Human Rights Watch (HRW) durante las protestas en Colombia, hace urgente la necesidad de hacer reformas profundas a esa institución y a la Justicia Penal Militar, tribunal competente para las acciones de la fuerza pública.
Así lo aseguró este miércoles el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentó en una rueda de prensa virtual el informe «Colombia, brutalidad policial contra manifestantes» en el que se señala que hay pruebas de que uniformados mataron a por lo menos 16 personas con munición letal de armas de fuego.
Una más murió por golpizas y otras tres por el uso indebido o excesivo de material de dispersión no letal como gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
Igualmente, el informe documenta que son más de 1.100 civiles heridos, según cifras del Ministerio de Defensa, algunos de ellos con «lesiones y casos muy serios, muy dramáticos».
«El informe hace un esfuerzo por evaluar la conducta policial en 25 ciudades de Colombia, no solo en las principales, y hemos podido tener acceso a información que incluye también fotografías, videos, pero incluso información médica, necropsias de las personas que han sido asesinadas durante este periodo», detalló Vivanco.
Fueron hechas también más de 150 entrevistas a víctimas, familiares, abogados y expertos, que sirvieron como base para documentar los abusos policiales y las violaciones de derechos humanos.
Esta situación de abusos, que no es sistemática pero tampoco responde a hechos aislados, refleja las «falencias estructurales de la Policía colombiana que deben ser abordadas» con urgencia.
«El concepto de sistematicidad se usa habitualmente en el marco del Derecho Penal Internacional y (…) se trata de crímenes que normalmente hacen parte de una política o de un plan deliberado, una política oficial de Estado. Para nosotros, la evidencia que hemos podido recoger y el análisis de caso, no demuestra que exista evidencia de algo que pueda constituir una práctica sistemática precisamente por estas razones», agregó.
Las movilizaciones en Colombia comenzaron el 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, que insiste en que las protestas deben ser pacíficas y sin bloqueos de vías públicas.
CAMBIOS DRÁSTICOS
Ante las denuncias «creíbles» de 68 muertos que ha recibido HRW desde que empezaron las manifestaciones, de las cuales ha podido comprobar que 34 ocurrieron en el contexto de las protestas, Vivanco señaló que es necesario que la Justicia Penal Militar deje de juzgar «casos de abusos policiales».
«Eso va a requerir la intervención del Gobierno y es uno de los factores que contribuyen a este ciclo de violencia e impunidad que lamentablemente caracteriza el actuar de la Policía (…) La reforma a la Justicia Penal Militar es urgente para incrementar las posibilidades de justicia y de transparencia», acotó.
HRW también valoró el anuncio del domingo pasado del presidente Duque sobre una reforma policial que para miembros de la oposición no pasan de ser cambios cosméticos como el del color de los uniformes, que hoy son verdes y pasarán a ser azules.
Si bien la reforma no lo contempla, HRW recomienda al Gobierno trasladar la Policía de la jurisdicción del Ministerio de Defensa a la cartera del Interior o de Justicia.
«Colombia es el único país de América Latina donde la Policía está bajo el control del Ministerio de Defensa y eso genera distorsiones muy serias. La Policía sigue en buena parte actuando con una cultura de conflicto armado», explicó.
LA RETÓRICA DEL GOBIERNO
Vivanco también criticó a Duque porque su «su discurso y la retórica» para condenar e identificar la brutalidad policial «han sido lentos».
«El presidente (…) no ha estado a la altura en la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido durante estas semanas», explicó.
Como ejemplo de ello, el director para las Américas de HRW mencionó que apenas el 7 de mayo, fecha en que «la Policía ya había matado a 11 personas en el contexto de las manifestaciones», Duque mencionó que «el Gobierno tiene cero tolerancia contra los abusos policiales».
«Es muy valioso que el presidente de la república diga y repita que existe cero tolerancia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía, pero si eso no se traduce en una política concreta donde los policías entiendan que efectivamente hay cero tolerancia queda simplemente como parte de una retórica», dijo.
OTROS ABUSOS
HRW documentó además que la Policía privó de libertad a más de 5.500 personas en detenciones arbitrarias camufladas bajo la figura de «traslado por detección».
Igualmente tiene conocimiento de la detención de más de 1.200 personas por delitos cometidos en las protestas, de las cuales varios centenares fueron liberadas sin cargos luego de que un juez dictase que su arresto fue ilegal.
La organización también denunció los estragos producidos por los manifestantes con bloqueos de calles «por períodos prolongados», que han impedido en algunos casos distribuir alimentos o que circulen ambulancias, sobre todo en los departamentos del Valle del Cauca (suroeste) y Cundinamarca (centro).
Por estos bloqueos murieron dos bebés cuando manifestantes bloquearon e incluso atentaron contra las ambulancias en las que eran trasladadas.
EFE
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