La Defensoría del Pueblo de Perú cuestionó este sábado al Congreso por su intención de crear un periodo extraordinario de sesiones y así saltarse los plazos contemplados para concretar diversas reformas en la Constitución.
EFE
Para la Defensoría, «la adopción de tal medida implicaría un quiebre del principio de rigidez constitucional» y «resultaría constitucionalmente cuestionable».
El organismo defensor de los derechos fundamentales aseguró en un comunicado que «proceder de esta manera sentaría un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para desnaturalizar por completo los procedimientos de reforma constitucional hoy existentes».
Para reformar la Constitución peruana, vigente desde 1993, la Carta Magna establece que cualquier cambio debe aprobarse por mayoría absoluta en dos legislaturas, o solo en una con un posterior referéndum.
Como el último periodo ordinario de sesiones del Congreso elegido en las elecciones extraordinarias de 2020 se termina en julio, hay una propuesta para crear una legislatura extraordinaria antes de que el 28 de julio asuma sus funciones el nuevo Parlamento electo en las elecciones generales de abril de este año.
Entre las reformas que podrían ser aprobadas dentro de ese periodo extraordinario está la restitución de un Senado para volver a tener un Parlamento bicameral, algo que fue rechazado por amplia mayoría de la población en el referéndum celebrado a finales de 2018.
También está en marcha una reforma para modificar la cuestión de confianza y precisar los casos en que el Gobierno puede presentarla ante el Congreso.
En ese sentido, la Defensoría advirtió que «si bien algunas reformas constitucionales son necesarias para proteger en mayor medida derechos fundamentales y mejorar la organización del Estado y el control del poder, estas deben producirse luego de una amplia y robusta deliberación».
Por eso, el organismo consideró que crear una legislatura extraordinaria es «desnaturalizar el contenido de esta norma reduciendo en extremo los tiempos ordinarios de las legislaturas e instalando con tal práctica un procedimiento acelerado que restringe los espacios de diálogo y consenso».
Esta polémica se produce en mitad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se disputan Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha), previstas para el próximo domingo 6 de junio.
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