Los venezolanos sufren cada vez con mayor dureza el impacto de la pandemia de la covid-19 en Trinidad y Tobago, donde el desempleo golpea con mayor virulencia a los extranjeros, entre los que destaca precisamente la colonia venezolana.
EFE
El aumento de casos de coronavirus en Trinidad y Tobago provocó nuevas restricciones hasta el 4 de julio y la declaración de estado de emergencia, medidas que castigan a los venezolanos que intentan sobrevivir en este pequeño país caribeño, denunciaron este viernes organizaciones no gubernamentales que trabajan para ayudar a las familias de inmigrantes en situación vulnerable.
Los ciudadanos venezolanos que huyen de la situación económica y política que sufre su país han estado llegando a la vecina Trinidad y Tobago, tanto legal como irregularmente, durante los últimos años.
Pero, según las ONG, la disminución de puestos de trabajo debido al cierre por la pandemia se ha traducido también en este territorio en una falta de ingresos para los venezolanos, que luchan cada día para cubrir los gastos de alquiler y comida.
Una venezolana identificada como Camila Díaz dijo en declaraciones a la radio estatal que el principal problema al que se enfrenta ahora la comunidad de su país en Trinidad y Tobago es la falta de dinero para pagar el alquiler.
SIN DINERO PARA LOS ALQUILERES
«Casi todos los venezolanos en Trinidad y Tobago pagan alquiler y sin trabajo no tenemos dinero, así que los propietarios amenazan con echarnos a la calle», dijo Díaz.
Afirmó que ha vivido durante dos años en el mismo lugar, en la localidad de Chaguanas, cerca de la capital, Puerto España, con su familia siendo siempre puntual con el alquiler, pero que ahora ella, su esposo y hermano están desempleados.
«Hablamos con el dueño de la casa para llegar a un acuerdo de pago cuando regresáramos a nuestros trabajos, pero se negó y dijo que si no pagamos el 3 de junio debemos desalojar la casa», lamentó.
Sus hijos, de cinco y siete años, también viven con ellos, lo que aumenta el drama de esta población.
«Es injusto e inhumano. Durante dos años siempre hemos cumplido y ahora que no tenemos dinero para pagar un mes nos van a poner en la calle», denunció.
En la misma situación está una pareja en Arima, una localidad del interior de la isla de Trinidad, donde el propietario del apartamento que han alquilado durante tres años estos dos venezolanos se niega a renunciar a cobrar el alquiler.
PIDEN UN ACUERDO DE PAGO
«Solo pedimos un acuerdo de pago para que luego de que se reanuden nuestros trabajos podamos pagar a plazos como hicimos en el último confinamiento, pero el dueño de la casa no quiere», dijo el hombre, identificado como Jesús Rojas.
Ambos trabajaban en un restaurante que ahora está inactivo debido al cierre por la pandemia.
La directora de la organización de caridad La Casita de Arima, Andreina Briceño, señaló que cada vez aumentan más las solicitudes de ayuda.
Dijo que maneja una base de datos con 4.000 solicitudes de ayuda, en su mayoría para pagar el alquiler, pero que las únicas donaciones que pueden hacer son alimentos y artículos de higiene personal.
Briceño lamentó que su organización no pueda ayudar a todos los inscritos.
Mixi Mendoza y Thairys Mejías, representantes de la organización Hermandad Sin Fronteras, también forman parte de este grupo de apoyo a la comunidad venezolana.
NO SE PUEDE AYUDAR A TODOS
Dijeron que unas 90 familias venezolanas se habían inscrito para recibir asistencia alimentaria desde principios de mayo, aunque durante las últimas tres semanas solo pudieron ayudar a 35.
«No estamos recibiendo el mismo volumen de ayuda que en el primer confinamiento de 2020, por lo que la situación es muy difícil en este momento», dijo Briceño.
Por ello se hizo una petición a empresarios y otras organizaciones para que sigan contribuyendo para ayudar a la comunidad de inmigrantes.
Briceño destacó que hay propietarios que han tenido una familia durante tres o cuatro años continuos de alquiler que sin importar la actual situación han amenazado con el desalojo si no pagan al final de mes.
«Por eso el llamado es a todos los propietarios para que hablen con los inquilinos y lleguen a acuerdos para evitar ponerlos en la calle», destacó.
Un total de 16.523 venezolanos recibieron por primera vez un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019 que les permitía vivir y trabajar en el país caribeño.
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