Las protestas, que se iniciaron el pasado 28 de abril contra el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque por la ya retirada reforma fiscal, fueron la válvula de escape de la carga social que vive la ciudad de Cali, la principal del suroeste y la tercera más importante del país.
Cali dejó de ser la urbe que ocupaba recientemente los titulares de prensa porque sus habitantes eludían a las autoridades para hacer fiestas clandestinas en medio de una pandemia que les ha dejado más de 4.500 muertos.
La ciudad está soportando una carga para la que no está preparada. Por las situaciones de violencia derivadas del conflicto armado y la disputa entre las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas de narcotraficantes, se vio desbordada.
A esta zona agroindustrial por excelencia llegaron miles de desplazados por la violencia -principalmente negros e indígenas- que se asentaron en diferentes sitios formando cordones de miseria.
Allí reclaman la presencia del Estado al que le suplican por salud, educación, trabajo y servicios públicos.
El detonante
El Paro Nacional, convocado por organizaciones sociales para exigir, entre otras cosas, el retiro de un proyecto de reforma fiscal, con la que el Gobierno ahora espera recaudar 14 billones de pesos (unos 3.656 millones de dólares de hoy), tiene crispada a la “capital mundial de la salsa” como no había ocurrido en su historia reciente.
Desde hace ochos días, la tercera ciudad más importante del país permanece sitiada con bloqueos en al menos catorce puntos estratégicos que impiden el paso de alimentos, combustible, misiones médicas y su contacto con ciudades aledañas.
También están cerradas vías neurálgicas que llevan al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a los ingenios azucareros, que históricamente han ubicado a Colombia como uno de los primeros productores de azúcar en el mundo.
En las noches las calles de la “sucursal del cielo”, como se conoce a Cali, se convierten en escenarios de enfrentamientos entre la fuerza pública, manifestantes y vándalos.
En la madrugada de este miércoles los caleños denunciaron por redes sociales y grupos de WhatsApp que estaban bloqueando el servicio de internet con el que han transmitido en vivo la violencia que ocurre en sus barrios.
Hasta ahora, las cifras más recientes de las autoridades locales hablan de 27 muertos, 211 personas heridas, 84 capturados y un número indeterminado de desaparecidos.
Como en las peores épocas
La violencia y el pánico que vive la ciudad en estos momentos solo es comparable con la época de efervescencia del narcotráfico protagonizada por el Cartel de Cali.
El comercio de bienes y servicios, principal actividad económica de la capital vallecaucana, ha tenido que cesar porque almacenes de cadena, sedes bancarias y estaciones de servicio de transporte público han sido saqueadas e incendiadas. Solo en el primer día de las manifestaciones, las pérdidas materiales se calcularon en 80.000 millones de pesos (poco más de 20,9 millones de dólares).
Con el correr de los días, las protestas se hacen más crudas, como también la intervención militar que sumó mil hombres para intentar retomar el control de la ciudad.
Ya la banda sonora de la ciudad no es el mítico “Cali Pachanguero”, del Grupo Niche, sino las sirenas de ambulancias o máquinas de bomberos, el sobrevuelo de helicópteros, las detonaciones o tiroteos.
Siguen las protestas
Sin embargo, las protestas se mantienen. Estudiantes, amas de casa, adultos mayores se siguen concentrando en distintos puntos para expresarle al Gobierno Duque su descontento por las políticas sociales, el manejo de la pandemia, la lenta vacunación contra el covid, el incumplimiento del acuerdo de paz y el asesinato de líderes sociales.
Las protestas también se escuchan contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, porque la inseguridad alcanzó en 2020 la penosa cifra de 45,1 homicidios por cada cien mil habitantes. Entre enero y marzo de este año, Cali contó 243 muertos por causa de la violencia urbana.
Es por eso que analistas como Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), no se sorprenden de que Cali sea el epicentro de las protestas porque, a su juicio, allí confluye el descontento social, una discriminación histórica y una pobreza que es de las más altas en todo Colombia.
El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que la pobreza monetaria en la región pasó de 24 % al 34,5 % en el último año.
Según políticos como Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, la fuerza de esta manifestación está relacionada con la influencia que tiene Cali con el vecino departamento del Cauca, al que limita por el sur y donde se produce gran parte de los cultivos ilícitos de todo Colombia.
Le atribuye la “resistencia” de esta protesta a posibles filtraciones de grupos armados disidentes de las FARC y del ELN que tienen alta presencia en esa región.
Pero el presidente de Indepaz considera que “esa es una fantasía que crearon para justificar la militarización” de la ciudad y que la única resistencia es la de un pueblo cansado del abandono estatal.
EFE
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