Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como “asesorías”.
VALENTINA LARES MARTIZ – ARMANDO INFO
La intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 reveló los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado. Desde el famoso “¿por qué no te callas?” que le espetó el rey español Juan Carlos a la versión más altisonante y trajeada de Hugo Chávez en 2007, ningún mandatario de la Venezuela revolucionaria había vuelto a participar en la Cumbre Iberoamericana.
Este año Nicolás Maduro piensa cerrar ese hiato y asistir -aunque solo sea a través de la plataforma de Zoom, como lo harán todos los mandatarios- en la 27ª edición de la cita que se celebrará el próximo miércoles, 21 de abril, organizada por Andorra, el pequeño principado europeo refugio de esquiadores, capitales oscuros y youtubers, donde debía tener lugar de haberse realizado de manera presencial.
Para esa Andorra enclavada en los Pirineos, entre España y Francia, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero dejó de hacerlo en enero de este año, el lejano país caribeño se ha convertido en una piedra en el zapato. Si ya la invitación a Maduro despertó una polémica que amenazaba con empañar el cónclave presidencial, la cizaña venezolana promete más incomodidades ante la postergación, constante y cada vez más difícil de disimular, del juicio a 28 venezolanos -funcionarios altos y medios de la administración de Hugo Chávez- que movieron a través de Andorra al menos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2015.
El juicio se derivó del escándalo de BPA (Banca Privada d’Andorra en catalán, el idioma oficial del principado; Banca Privada de Andorra en castellano), una de las dos mayores entidades financieras del país, minúsculo en área geográfica pero importante como estación de paso o de asilo para capitales tránsfugas. En 2015 el Departamento del Tesoro sancionó a BPA y le prohibió seguir haciendo negocios con el sistema financiero estadounidense y, por lo tanto, con el dólar. La medida era respuesta, dijeron las autoridades norteamericanas, a las evidencias de que en el banco se lavaban fondos irregulares provenientes de redes de corrupción de Rusia, China y Venezuela.
Desde luego, el castigo de Washington significaba una sentencia de muerte para una operación de servicios financieros y offshore. Al colapso de BPA y de su marca en España, el Banco Madrid, siguió la apertura de averiguaciones y juicios a los responsables de la entidad y, en simultáneo, a los personeros venezolanos que le habían confiado sus dineros negros. Esa secuencia de naipes en caída, cubierta entonces con fruición por medios locales e internacionales, dejó la impresión de que la justicia había quedado servida.
Pero no fue así. De hecho, en 2021 no solo no hay personas condenadas por esos delitos presuntos. El juicio está paralizado en la práctica. Los ingredientes de esta ralentización son los habituales: presiones políticas y tecnicismos judiciales que mantienen a los criminales de cuello blanco apenas señalados, pero no tras las rejas y menos con condenas.
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