La vacunación contra la covid-19 en Bolivia llegó a las cárceles situadas en localidades fronterizas con Brasil al ser los reclusos una población considerada vulnerable.
La inmunización responde a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de «priorizar la vacunación» de sectores vulnerables como los «privados de libertad», dijo este jueves a los medios el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Según el funcionario, ya han sido vacunados 67 reclusos del penal de Puerto Suárez, una localidad de la región boliviana de Santa Cruz situada en la frontera con Brasil, y se prevé inmunizar a otros 380 en la cárcel de Villa Busch, en la ciudad amazónica de Cobija, también limítrofe con ese país.
Además de las zonas fronterizas, también se dará prioridad a las regiones donde se establecieron «encapsulamientos» carcelarios para evitar los contagios de la covid-19, indicó.
El funcionario precisó que en la segunda ola de la pandemia que azotó el país desde fines de diciembre se registraron dos fallecidos y 149 casos en las cárceles, de los que continúan activos 34.
Los penales que fueron «encapsulados» están en las regiones de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando, donde se aplicaron «rastrillajes» para detectar casos positivos asintomáticos en coordinación con los servicios departamentales de salud, agregó.
La preocupación para atender con prioridad a la población en las cárceles se debe a que los centros penitenciarios en Bolivia están «sobrepoblados» y «hacinados», reconoció Limpias.
Las 48 penitenciarías de Bolivia tienen cerca de 18.000 reclusos, muy por encima de su capacidad, por problemas endémicos como el retraso en la Justicia, pues más del 60 % de los reos esperan sentencia.
A nivel nacional, Bolivia acumula 12.519 muertes y 285.291 contagios de la covid-19 desde los primeros casos detectados en marzo de 2020.
Los reportes divulgados en los últimos días estuvieron mayormente por encima de los mil contagios diarios, tras varias semanas en que las cifras se mantuvieron en tres dígitos.
El país tiene una población superior a los 11,5 millones de habitantes, de lo que unos 7,2 millones son los que deben ser inmunizados contra la enfermedad.
La vacunación del personal sanitario de primera línea comenzó a fines de enero y a nivel generalizado se aplica desde la semana pasada a mayores de 60 años y personas con enfermedades de base, aunque con desórdenes y dificultades por una insuficiencia de dosis.
El Gobierno de Luis Arce negó inicialmente que falten vacunas, aunque luego argumentó que los incumplimientos de contratos para la provisión de vacunas son un problema global y generalizado porque algunos países las están acaparando.
Hasta el momento se han aplicado 486.354 vacunas, entre la primera y la segunda dosis de Sputnik V, Sinopharm y Oxford-AstraZeneca. EFE
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