La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno de Nicaragua en las fallidas negociaciones de 2018 y 2019 para superar el sangriento conflicto local, exigió este lunes al presidente Daniel Ortega que cumpla con los compromisos firmados hace dos años para garantizar el retorno de la democracia al país.
EFE
“A dos años de los acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscrito entre la Alianza Cívica y una delegación del régimen, referentes a la liberación de presos políticos, y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses”, indicó la organización opositora en una declaración pública.
En los acuerdos firmados en marzo de 2019, el Gobierno se comprometía a suspender los actos de represión contra sus críticos, permitir el retorno seguro de los exiliados, y establecer las bases de unas elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”. Sin embargo, Ortega solamente dio libertad condicional a una parte de los “presos políticos” y no cumplió con el resto.
Las conversaciones entre los opositores y el Gobierno se rompieron definitivamente dos meses después, en mayo de 2019, cuando el “preso político” de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, Eddy Montes Praslin, falleció al recibir un disparo de uno de los carceleros en la mayor cárcel de Nicaragua conocida como La Modelo, sin que las autoridades hayan investigado el caso.
“Un Gobierno que no cumple con acuerdos firmados en favor del país, es un Gobierno mentiroso y demagogo, que pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernando”, resaltó la Alianza Cívica, creada para negociar con el Gobierno en 2018 y que no tiene personalidad jurídica.
SALIDA ELECTORAL
En octubre, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió solicitar a Nicaragua que, a más tardar en mayo próximo, realice reformas a la Ley Electoral que garanticen unas elecciones “creíbles” el 7 de noviembre próximo.
Lejos de atender dicha demanda, Ortega ha promulgado leyes que restringen aún más los derechos constitucionales y las libertades públicas, incluyendo los mensajes telefónicos personales, el financiamiento desde otros países o el establecimiento de la cadena perpetua.
“Las incesantes violaciones a derechos humanos y constitucionales en contra del pueblo nicaragüense son prueba fehaciente de que a este régimen no le interesa la paz ni la armonía de la nación, sino seguir imponiéndose por la fuerza”, alegó la Alianza Cívica.
La crisis sociopolítica de Nicaragua estalló en abril de 2018, cuando masivas protestas antigubernamentales fueron anuladas con ataques de policías y paramilitares que dejaron al menos cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció el número de muertos en 328 en 2018, aunque organismos locales elevaron la cifra a 684 hasta mediados de 2020, mientras que Ortega ha reconocido 200 víctimas a la vez que dijo defenderse de un “golpe de Estado fallido”, un conflicto que no se observaba en Nicaragua desde la primera vez que el sandinista dirigió el país, entre 1979 y 1980.
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