Dos altos responsables de la ONU urgieron este domingo a la comunidad internacional a proteger a los birmanos de las atrocidades cometidas por las autoridades militares del país tras la jornada más sangrienta desde que comenzaron las protestas contra el golpe de Estado.
EFE
En un comunicado conjunto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la asesora especial para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, reclamaron medidas al Consejo de Seguridad, que hasta ahora se ha limitado a condenar la represión violenta, sin emprender ningún tipo de acción contra la Junta militar.
«La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los birmanos de atrocidades», señalaron Bachelet y Nderitu, que exigieron el fin inmediato de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
«Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales del Ejército y la Policía -que han sido grabados disparando a manifestantes cuando huían y que ni siquiera han perdonado a niños pequeños- deben detenerse inmediatamente», recalcaron.
El mensaje llegó después de que este sábado se saldase como el más sangriento desde que comenzó la represión, con al menos 107 muertos -incluidos 7 niños-, según informaciones citadas por la ONU.
Bachelet y Nderitu señalaron que, aunque el Estado es quien tiene el papel principal a la hora proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional también tiene esa responsabilidad en casos donde las autoridades nacionales no cumplen.
Por ello, subrayaron, el mundo debe actuar a tiempo y de forma colectiva de acuerdo con la Carta de la ONU para «proteger a poblaciones civiles en riesgo de atrocidades».
Aunque gran parte de la comunidad internacional ha condenado con mucha dureza las acciones de los militares, el Consejo de Seguridad -el órgano de la ONU que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza- se ha mostrado tibio hasta ahora, con varios países reacios a actuar contra las autoridades birmanas.
China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora han preferido no denunciar el golpe de Estado del 1 de febrero.
En el pasado, Moscú y Pekín han protegido a las autoridades birmanas de posibles medidas por parte de la ONU, por ejemplo a raíz de la operación militar que en 2017 provocó un éxodo masivo de miembros de la minoría rohinyá y que fue calificada por Naciones Unidas como una «limpieza étnica».
En su comunicado de este domingo, Nderitu y Bachelet exigieron el fin de la impunidad en Birmania y que los responsables de los crímenes más graves rindan cuentas.
«El fracaso a la hora de responder a atrocidades que el Ejército ha cometido en el pasado, incluidas contra los rohinyá y otras minorías, han llevado a Birmania a esta terrible situación», defendieron.
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