Una delicada situación viven los concesionarios de las estaciones de servicio con venta de gasolina y diésel a precio subsidiado. Luego de una recuperación de la situación financiera de estos establecimientos en 2020, que duró apenas meses, nuevamente muestran una caída importante de sus ingresos. Pero también, denuncian que funcionarios de Fontur permanecen día a día en las bombas, dejándolos por fuera de la operatividad.
Por Ahiana Figueroa | Tal Cual
En el país existen desde junio de 2020 tres tipos de estaciones de servicio como consecuencia del plan de ajuste en el precio de los combustibles: las que venden gasolina a precio internacional de 0,50 dólares el litro, las que expenden a precio subsidiado de 5.000 bolívares el litro y las bombas que atienden al transporte público, el cual está exonerado 100% por el combustible (gasolina y diésel). Son precisamente éstas últimas las que llevan la peor parte.
Fuentes del sector explican que no existe un oficio o documento en el cual se especifique la forma en que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), debe ejecutar la conciliación del pago a los gasolineros que suministran el combustible a los transportistas y por lo que no reciben ingreso alguno.
Por otra parte, denuncian que al estar el transporte exonerado del pago del diésel, las bombas que venden este combustible están prácticamente ocupadas por funcionarios de Fontur (Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano), adscrito al Ministerio del Transporte, por lo que hay temor de que les quiten la concesión en cualquier momento. Sin embargo, ya es común ver en la mayoría de las bombas subsidiadas funcionarios de la Guardia Nacional, de las ZODI (Zonas Operativas de Defensa Integral) y del Instituto Nacional de Tierras (INTT).
«Las estaciones de servicio que atienden al transporte público son las que están en el peor estado de todas. Ahora están ocupadas principalmente por Fontur, quien ha tomado la dirección operativa de estas estaciones», dijo la fuente consultada que solicitó el anonimato por temor a represalias.
Explica que los funcionarios militares están en las estaciones de servicio para prestar seguridad y apoyo para el orden civil, por lo que no deben tener injerencias de otro tipo, «pero en el caso de la gente de Fontur se vuelve más difícil porque ellos son civiles que con la justificación dada o la asignación dada por la Comisión Alí Rodríguez Araque de que sean garantes de la distribución justa del combustible 100% subsidiado, elaboran unas listas, se apostan en las estaciones y son los que controlan la entrada y el suministro de combustible de acuerdo a esas listas. Esto crea un vicio a todo nivel, que causa además retrasos en el servicio».
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