Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana denunció los sistemáticos abusos generados por los cuerpos de seguridad liderados por la administración de Nicolás Maduro, entre los que destacó específicamente el caso del General Baduel y el de Miguel Rodríguez Torres, cuyas audiencias preliminares «están en un limbo jurídico».
Explicó que al hablar de «limbo jurídico» se refiere a los tiempos para la presentación del detenido, la cual debe ser de 48 horas después de la detención, posteriormente transcurren 45 días, de trabajo para el Ministerio Público y la defensa.
«Tenemos un registro de aproximadamente 140 militares presos por razones políticas que todavía siguen con sus procesos activos», comentó Camejo en nuestro programa #Desencadenados transmitido por la señal de PDCTV.
Asimismo, denunció el hacinamiento que hay en todo el sistema penitenciario venezolano tanto en cárceles comunes como militares. «Lo hemos venido diciendo, los centros de seguridad del estado no son cárceles», enfatizó.
«Esto trae un problema adicional y es que cuando son condenado y siguen en estos centros, no gozan de la redención, es decir que no hay destacamento de trabajos que en el futuro les pueda restar años»
Camejo hizo referencia al caso del comandante Marín Chaparro, quien sigue privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, «ya cumplió tres años y no ha sido trasladado a Ramo Verde como lo ordenó el Tribunal de Juicio», explicó.
En el caso de Operación Libertad, Lilia Camejo explicó que la juez emitió la decisión en cuanto a ese caso y que la explicación del tribunal no aplica y no llena los elementos que ese delito exige para que se configure.
Resaltó que en Venezuela hay 3 cárceles militares, principales, Ramo Verde, La Pica en Monagas y Santa Ana en Táchira. Sin embargo, aseguró que la mayor cantidad de militares presos políticos se encuentran en Ramo Verde.
Presos políticos entre pandemia
Lilia Camejo explicó que en los últimos días se han realizado varias denuncias debido a que ya ha pasado un año sin que los familiares puedan visitar a los presos motivado a la pandemia por covid-19. «No entendemos cómo sucede esto si en otras cárceles reciben visitas», denunció la especialista en la materia refiriéndose específicamente a la Cárcel militar de Ramo Verde.
«Esta situación inició en marzo del 2020 cuando iniciaron los contagios. Lo que no entendemos es cómo, si ya hay semanas flexibles y en otros centros de reclusiones reciben visitas, en Ramo Verde no»
Señaló que a pesar del «esfuerzo» por parte de la alta comisionada de la ONU por tratar de retomar las visitas regulares y respetar los derechos de los presos políticos civiles y militares, esto no ha sido así.
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