Una de las políticas migratorias más polémicas del gobierno de Donald Trump, que bloqueaba el camino a la residencia permanente de inmigrantes legales si estos reciben populares prestaciones sociales públicas, ha sido rescindida por la nueva Administración de Joe Biden.
POR DANIEL SHOER ROTH / El Nuevo Herald
En una actualización de sus directrices, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que ya dejó de poner en práctica la Regla Final de Carga Pública como causal de inadmisibilidad a Estados Unidos, la cual enmendaba las reglas de inmigración sobre la carga pública como impedimento para obtener la green card o el ingreso a Estados Unidos con visa de inmigrante.
De modo que a fin de determinar si un inmigrante no es admisible porque podría representar una carga pública al gobierno —estatuto vigente desde hace décadas— USCIS ya no penalizará a un solicitante de la residencia si este recibe Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno), beneficios de vivienda pública o cupones de alimentos, informó la agencia migratoria.
“El DHS cerró hoy el libro de la regla de carga pública y hace lo mismo con respecto a la regla propuesta de la declaración jurada de patrocinio económico que hubiera puesto cargas indebidas en familias estadounidenses que quieren patrocinar a individuos que inmigran legalmente a Estados Unidos”, declaró el Secretario Alejandro N. Mayorkas en un comunicado.
EEUU ANULA Y ELIMINA REGLA DE CARGA PÚBLICA DEL 2019
Desde que fue propuesta por el gobierno de Trump, la Regla Final de Carga Pública ha sido sujeta a numerosas demandas judiciales presentadas por gobiernos estatales y grupos pro derechos civiles.
El gobierno de Biden dejará de defenderla en los tribunales, ya que no está en sintonía “con los valores de nuestra nación”, indicó Mayorkas en otra declaración.
El funcionario cubanoamericano reconoció que la regla “penalizaba a aquellos que recibían beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles para ellos”.
A partir de ahora, USCIS se guiará por el estatuto de inadmisiblidad por concepto de carga pública establecido en 1999, cuando no incluía programas de prestaciones sociales añadidos por la Regla Final del 2019.
Además de Medicaid y food stamps, el gobierno de Trump incluyó entre los indicadores que catalogan a una persona como no independiente y, consecuentemente, sin derecho a la admisión o el ajuste de estatus, la Seguridad del Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Asistencia para Vivienda bajo Sección 8, entre otros beneficios.
La anulación de la normativa del 2019 significa que los solicitantes de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente ya “no deben proporcionar el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, o cualquier evidencia o documentación requerida en ese formulario con su Formulario I-485”, explicó USCIS.
De igual modo, los extranjeros en Estados Unidos que solicitan una extensión de estadía de no inmigrante o cambio de estatus de no inmigrante tampoco deben proporcionar información relacionada con la recepción de beneficios públicos”.
Es importante resaltar que los servicios médicos preventivos relacionados con el COVID-19, incluyendo las vacunas, no se consideran para efectos de carga pública, dijo el DHS.
PATROCINAR FAMILIARES EXTRANJEROS SERÁ MÁS FÁCIL
Bajo el gobierno de Trump, USCIS propuso obligar a los ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares extranjeros para visa de inmigrante reembolsar al gobierno el costo de los beneficios públicos que estos inmigrantes recibieran.
El memorando firmado por Trump sobre el Cumplimiento de las Responsabilidades Legales de los Patrocinadores de Extranjeros, los forzaba a firmar un contrato legalmente vinculante con el gobierno de EEUU.
Para ello, el patrocinador debía aportar el Affidavit of Support o Formulario 1864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico.
El DHS notificó al Registro Federal que retiraría la propuesta de dicha declaración jurada, ya que la misma “hubiera cambiado los requisitos probatorios para imponer nuevas y costosas cargas, estimadas en $240 millones anuales” sobre las espaldas de los patrocinantes de la familiares extranjeros.
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