La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que la situación de las libertades fundamentales en Bielorrusia ha empeorado en 2021 y continúa la «represión sistemática» a la oposición, tras nueve meses de protestas contra el Gobierno.
En una intervención ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que esta semana ha dado comienzo en Ginebra, Bachelet también expresó su inquietud por los cambios legislativos que prepara el régimen del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y que, en su opinión, «podrían permitir castigos aún más duros por participar en manifestaciones pacíficas».
La alta comisionada condenó además la creciente persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, que quedó patente la semana pasada con registros y redadas de organizaciones como la Asociación de Periodistas de Bielorrusia o el Centro de Derechos Humanos Viasna.
Bachelet añadió que al menos 246 personas han sido condenadas a penas de prisión por cargos políticamente motivados en el contexto de las protestas, iniciadas en mayo de 2020 pero que aumentaron su intensidad en agosto, tras las elecciones presidenciales que ganó Lukashenko pero fueron consideradas fraudulentas por la oposición
«Todos los detenidos por ejercer sus derechos pacíficamente deben ser liberados, y han de investigarse de forma transparente, creíble y efectiva las alegaciones de violaciones de derechos humanos», subrayó hoy Bachelet.
La crisis actual en Bielorrusia «ha visibilizado un modelo crónico de violaciones sistemáticas e impunidad», afirmó la alta comisionada, quien citó entre esas violaciones las detenciones arbitrarias, la tortura y maltrato de los detenidos o la intimidación de opositores y otras voces críticas.
Muestra de esa impunidad, según Bachelet, es el hecho de que de las más de 4.600 denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas más de un millar fueron desestimadas, y no se ha abierto ninguna causa criminal con respecto al resto.
El embajador bielorruso ante las Naciones Unidas en Ginebra, Yury Ambrazevich, intervino a continuación para afirmar que las críticas de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos «reflejan ideas subjetivas y simplistas sobre lo acontecido en nuestro país».
Ambrazevich insistió en el carácter «ilegal e inconstitucional» de las manifestaciones en Bielorrusia, que, aseguró, sólo son conducidas por una minoría de entre 20.000 y 30.000 personas, y en las que «se cometen actos violentos contra las autoridades del país».
El delegado bielorruso también denunció injerencia exterior en estas protestas, con campañas de desacreditación del Gobierno y financiación a los manifestantes.
Aseguró en ese sentido que países vecinos como Polonia, Letonia y Lituania, «en incumplimiento de sus obligaciones internacionales, ocultaron a ciudadanos de Bielorrusia que cometieron delitos en nuestro país».
EFE
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