El aumento de asesinatos de líderes sociales pone a Colombia «de lejos» en la primera posición latinoamericana de estos crímenes y supone «un fracaso para el Estado colombiano», denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.
«América Latina tiene lamentablemente altos índices de defensores, activistas y líderes sociales asesinados, pero el número uno en la región es Colombia, de lejos», explicó el director para las Américas, José Miguel Vivanco, durante la presentación del informe «Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia».
Colombia, junto a Irak y Filipinas, se disputa el primer lugar de país más inseguro para los defensores, ya que desde noviembre de 2016, cuando se firmó la paz con las FARC, 421 líderes sociales han sido asesinados, según datos de la ONU (que la Defensoría del Pueblo eleva a 710), y cada año estos crímenes aumentan.
«Esto representa un fracaso para el Estado colombiano, que no ha sido capaz con todo su desarrollo institucional de alcanzar estos territorios, prevenir estos hechos, investigarlos a fondo, desmantelar las mafias y los grupos irregulares armados que están detrás de estos asesinatos y reducirlos», aseguró Vivanco en una rueda de prensa virtual.
Mediante más de un centenar de entrevistas a autoridades, integrantes de la fuerza judicial, activistas, organizaciones sociales y miembros de la fuerza pública, HRW constató la falta de eficacia del Gobierno para responder a las amenazas a defensores de derechos humanos.
Se trata de una «auditoría» de los mecanismos de protección que existen en Colombia y de la forma en la que el Gobierno reacciona cuando se produce una amenaza o un asesinato.
LA RESPUESTA MILITAR NO ES SUFICIENTE
El Gobierno del presidente Iván Duque se ha centrado en dar una respuesta militar para luchar contra el narcotráfico y otras bandas armadas, pero según HRW, «hay un déficit» porque «la prioridad es enfrentar a los grupos, pero no necesariamente proteger a la población».
Uno de los organismos fundamentales para blindar a los defensores, la Unidad Nacional de Protección (UNP), desarrolla una «tarea esencial» y protege a más de 3.700 defensores y activistas, según el Gobierno, lo que ha evitado en gran medida que sean asesinados, pero la cifra de quienes acceden a esta protección es baja.
«El problema es la protección de los defensores que quedan fuera del radar de la UNP», comentó Vivanco, ya que, por falta de recursos económicos y de personal, se rechaza hasta el 90 % de las peticiones de protección, y los plazos dictados por ley para resolver dichas peticiones, que son 30 días, se extienden hasta los 130, según denunció HRW.
En el informe se rescata el caso de Rodrigo Salazar Quiñones, un líder indígena de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), que había denunciado múltiples amenazas de grupos armados desde 2014 y le habían asignado tres escoltas y un vehículo blindado, pero en 2020 se le redujo la protección a un solo escolta y un teléfono, y fue asesinado el 9 de julio de ese año, cuando ni siquiera lo acompañaba el escolta.
JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Por otro lado, HRW resaltó la labor de la Fiscalía y los juzgados por investigar estos casos, en los que se han logrado hasta la fecha 57 condenas.
«Todos sabemos que los niveles de impunidad en Colombia, en todo tipo de delitos, son altísimos», recordó Vivanco, por lo que conseguir 57 condenas y emitir 200 órdenes de captura es un avance, aunque también tiene defectos.
La mayoría de estas condenas son a los sicarios, autores materiales de los crímenes, pero apenas diez de esas condenas han sido para quien dio la orden de matar, que son el verdadero problema.
«La Fiscalía debería poner más atención en las investigaciones judiciales (…) para lograr condenar a los cabecillas», explicó Vivanco, debido a que los sicarios son peones del juego, fácilmente reemplazables, y si no se ataca el problema real «este fenómeno lamentablemente va a continuar».
Para este tipo de crímenes, Duque anunció en 2019 la creación de unos juzgados especiales, de los que todavía no se ha concretado nada más que el propio anuncio.
El Consejo Superior de la Judicatura, según informó Vivanco, autorizó a que «a partir de los próximos meses» se pongan en marcha 11 juzgados en todo el país, de los cuales apenas 6 se dedicarían a este tipo de crímenes.
«Esto no ayuda, esto demuestra que los compromisos que se asumen, las ofertas que las autoridades realizan (…) en los hechos no se ejecutan», alegó Vivanco.
GOBIERNO COMPROMETIDO A FRENAR LA VIOLENCIA
En respuesta al informe, el Gobierno reincidió en su compromiso de acabar con la violencia, alegando, en palabras de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que «no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos».
En esta línea, y como destacó el director para las Américas de HRW, el Gobierno volvió a hacer énfasis en su labor por perseguir la violencia, y en el «esclarecimiento» de este tipo de crímenes por parte de la Fiscalía.
«Durante 2020, fueron capturados catorce y abatidos tres de los 31 delincuentes relacionados en el ‘cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’ del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8%», aseguró Gutiérrez. EFE
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