Con un salario mínimo equivalente a menos de un dólar es imposible que un trabajador puede garantizar para sí y su familia la cobertura de sus necesidades básicas, como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
Lo sabe el Ejecutivo y patronos privados, pero más aún los trabajadores, quienes padecen a diario las penurias de una remuneración pulverizada que no les permite disfrutar de una calidad de vida.
“Un gobierno que se define obrero ha destruido por completo el sistema de las relaciones de trabajo y eso ha incidido en la pobreza que tienen los trabajadores. Retrocedimos al siglo XX. Llegamos a la barbarie como estamos viviendo ahora”, resalta Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista e integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess).
Para Barrios, el salario mínimo debería estar a la par de la canasta alimentaria. Si se toma en cuenta el último cálculo del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, con fecha de septiembre, debería ser al menos $165.
“En Venezuela se abre el nuevo concepto del salario mínimo vital. Maduro está obligado a revisar el salario mínimo, el destino de los trabajadores no puede ser la espera de un bono. Debe dar obligatoriamente una definición por la situación que está viviendo la población. Es tanta la brecha entre el salario y la inflación que el aumento debe reconocer esa gran diferencia entre la canasta alimentaria y la condición de vida de los ciudadanos”, dice Barrios.
Desde hace algunos años en Venezuela se ha impuesto la política de bonificación de salario, una práctica fuertemente criticada por el oficialismo y de la que hoy es su máxima bandera política. Son reiterados los bonos que se anuncian para paliar las necesidades a través del carnet de la patria, un instrumento que tiene como fin el control social.
Estado de indefensión
El problema de esta situación es que los trabajadores se encuentran en un estado de indefensión.
Según cifras del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS), en octubre de 2020 se registraron 1.484 manifestaciones en todo el país, en 544 oportunidades los trabajadores exigieron mejoras de salario, respeto a las contrataciones colectivas y estabilidad laboral.
En el sector público, salvo las empresas mixtas, la situación de los trabajadores es dramática con respecto al sector privado. Según Barrios, además de que fueron oficialmente desconocidos los contratos públicos, los trabajadores de la administración pública reciben el salario mínimo más una bolsa de comida. “La gente labora en esa condición por sentido de supervivencia”, sostiene.
En tanto en el sector privado, algunos patronos mantienen las convenciones y el salario incluye una compensación, que oscila entre 30 y 50 dólares.
“Hay un desequilibrio terrible, el Ejecutivo no responde por eso y los trabajadores están en la intemperie. Los únicos que salen en defensa son los gremios del sector público, que lideran los conflictos, pero realmente no hay nadie que obligue al Estado a discutir contratos”.
A esto se suma, que los trabajadores no tienen una central sindical representativa y las luchas están fragmentadas. “Las movilizaciones son parciales y toman un cariz de denuncia, mas no de posibilidad de negociación, ya que el Ejecutivo no se siente obligados a discutir”.
La justificación de Maduro es el bloqueo y las sanciones económicas, “pero no es más que una cortina de humo para evadir la realidad que están viviendo los trabajadores”.
Para Barrios, el sector laboral organizado reencontrarse y adoptar una agenda de rescate del sector. Individualmente, cada uno por su cuenta, no se podrán lograr los cambios que requiere el país de recuperación del aparato productivo y salarios acordes a las necesidades de la población.
Prensa OVCS
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