Una nueva etapa de choque institucional comenzará en Venezuela el 5 de enero de 2021. Ese día se juramentarán los 277 diputados —casi en su totalidad miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialismo— escogidos el 6 de diciembre en unos comicios plagados de irregularidades, con una abstención del 70%, y rechazados por la mayor parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional. También comenzará un tiempo de descuento para el líder opositor Juan Guaidó, que ha estado dos años al frente de la lucha por empujar la salida del régimen de Nicolás Maduro y que ahora busca jugar la carta de la continuidad de su mandato y del Parlamento que preside para seguir intentando una transición política en Venezuela.
Este sábado, en una sesión virtual, el Parlamento aprobó la modificación de la Ley del Estatuto de la Transición Democrática, que extenderá por un año más el funcionamiento de la actual Asamblea Nacional, que la oposición a Maduro ganó en 2015 y cuya mayoría le permitió a Guaidó autoproclamarse como presidente encargado el 23 de enero de 2019. El objetivo de la oposición es mantener el Parlamento bajo su control hasta que se realicen “elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y verificables”.
El paso dado por la oposición enturbia las aguas de una institucionalidad en la que se sobreponen poderes —ahora todos con algún grado de falla de origen— en medio de la deriva autoritaria y la profunda crisis humanitaria que vive el país. Hasta este año, la Asamblea Nacional controlada por la oposición era el único poder público reconocido internacionalmente y electo en comicios medianamente competitivos. La legitimidad del interinato de Guaidó tiene dos anclajes: ese Parlamento, que llegaría a su fin en dos semanas según dicta la Constitución, y la reelección de Maduro por seis años más en los comicios de mayo de 2018, que fueron señalados de fraude y rechazados por la comunidad internacional. En 2017 Maduro creó un Parlamento paralelo, la llamada Asamblea Nacional Constituyente, para boicotear a la cámara que le era adversa. Dominada por el chavismo, la Asamblea Nacional Constituyente se propuso, sin lograrlo, sustituir al parlamento electo en 2015 para dar aval, por ejemplo, a contratos con socios internacionales en un momento de asfixia económica. El Supremo, la Fiscalía y el órgano electoral son controlados por el chavismo desde hace más de una década.
Ahora, tras los comicios de principios de este mes, Maduro pasa la página de estos cinco años de forcejeo y se hace con el control de todas las instituciones, aún con el rechazo internacional que ensombrece el proceso y los señalamientos de crímenes de lesa humanidad hechos desde las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mientras, Guaidó ensaya un tiempo extra con esta reforma.
En el interior de la oposición también hay contrariedades sobre la ruta que emprende Guaidó, que avanza sin un consenso unánime. En la sesión de este sábado, el partido Acción Democrática salvó su voto en la discusión, aunque reiteró su apoyo al jefe de la Asamblea y al Gobierno interino. El diputado Piero Maroun habló por su organización y señaló que, ante el rechazo generalizado que hay sobre los comicios del pasado 6 de diciembre, la continuidad administrativa del Parlamento es tácita. “No han habido elecciones parlamentarias, por lo tanto la ley de la transición y este Parlamento tienen plena vigencia”, dijo Maroun.
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