La policía de Bielorrusia ha creado una base de datos con información de las personas que han participado en las protestas por la democracia y contra el fraude electoral. La lista, que se ha puesto en marcha por orden directa del presidente, Aleksandr Lukashenko, contiene la edad, región de residencia, lugar de trabajo o estudio y también las “aficiones”, ha explicado este lunes un responsable del Ministerio del Interior en el canal estatal Bielorrusia 1. El archivo no solo incluirá a los arrestados en las movilizaciones contra Lukashenko, también los “identificados”, además de participantes y administradores de canales de Telegram sobre las protestas. Desde que se iniciaron las históricas manifestaciones en agosto contra la manipulación en las elecciones presidenciales, rodeadas por multitud de denuncias de fraude, es habitual que grupos de agentes de seguridad, gran parte de ellos sin uniforme, graben los rostros de quienes participan en las movilizaciones. Todas esas imágenes y datos pueden ahora tener un destino más claro.
Las organizaciones de derechos civiles remarcan que la nueva lista es otro paso más de la política de la Administración de Lukashenko para reprimir las protestas y tomar represalias contra quienes participan en las movilizaciones. También para atemorizar a la población con el objetivo de que no salga a las calles a protestar por temor no solo a ser detenidos sino también a perder su empleo o ser expulsado de sus centros de estudios, por ejemplo, por participar en acciones que se consideran ilegales, cree Oleg Gulak, presidente de la organización de derechos civiles Comité Helsinki Belarus. “Hay que estar muy atento a cómo se va a hacer, cómo se van a almacenar estos datos y de qué manera se van a usar en el futuro”, señala por teléfono desde Bielorrusia Gulak, que alerta no solo del uso de esta información por parte de las autoridades sino también de los riesgos de filtración, incluso interesada, de los datos.
Desde que se inició la campaña de los comicios presidenciales —que el líder autoritario reclama con el 80% de los votos—, en mayo, más de 30.000 personas han sido detenidas por participar en movilizaciones, según la organización de derechos civiles Vesná, que ha documentado cientos de casos de violencia policial y también de torturas bajo custodia policial y en los centros de detención en los que los manifestantes han denunciado condiciones penosas y maltrato.
Para sortear las detenciones y las acciones de la policía, que ha empleado gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas paralizantes contra los manifestantes y que ha advertido que usaría munición real (como ya hizo en ocasiones en verano) si considera que hay una “amenaza real” contra sus agentes y la seguridad nacional, la ciudadanía ha cambiado de táctica. En vez de grandes manifestaciones con una trayectoria concreta han optado por otras más pequeñas, pero repartidas en distintos puntos de las ciudades. Pese a eso, este domingo, el vigésimo consecutivo de acciones de protesta, la policía bielorrusa detuvo a unas 150 personas en Minsk y otras localidades del país.
El líder autoritario sigue estrechando el círculo contra la oposición. Gran parte de sus representantes están entre rejas o han tenido que salir del país, como la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, que se enfrentó a Lukashenko en las elecciones y logró unificar en su candidatura a la disidencia. Tijanóvskaya y su equipo -unidos en el llamado Comité de Coordinación opositor, imputados en un caso penal por “tratar de tomar el poder” y “crear y liderar una organización extremista” trabajan ahora en recopilar un “libro de crímenes” en el que dan cuenta de casos de abusos policiales verificados por abogados independientes y también incluyen el nombre de los agentes del aparato de seguridad de Lukashenko acusados de violencia, para tratar de procesarlos en el futuro. La recopilación tiene por ahora 28 nombres, según el comité. “Lo hacemos para que nadie nos pueda robar nuestros votos, torturarnos, detener a los padres y dejar a sus bebés en cochecitos en medio de la calle, abusar de los presos de conciencia”, declaró la líder opositora en un comunicado.
Tras intentar pulsar las teclas económicas, con la convocatoria de huelgas generales en empresas estatales que no han tenido, sin embargo, gran éxito, la oposición trata de presionar con esta iniciativa también al nutrido, y por ahora leal, aparato de seguridad de Lukashenko, uno de los pilares de su régimen. Solo el Ministerio del Interior tiene más de 3.000 empleados. Además de otras agencias de seguridad.
Con el apoyo de Rusia, que sin embargo presiona para que reforme la Constitución con la mirada en que tal vez esto desencallaría la crisis política, el líder bielorruso se mantiene firme. Pese a la nueva orden de sanciones de Occidente contra él, sus bienes y contra decenas de funcionarios de su Administración por los casos de violencia contra los manifestantes, no le tiembla el pulso. El viernes, Minsk y Moscú firmaron otro acuerdo de colaboración que apuntala su Administración: esta vez entre las fuerzas policiales de ambos países para “combatir el extremismo”. Este lunes, el Gobierno ruso ha aprobado un borrador de acuerdo para conceder a Bielorrusia un préstamo de mil millones de dólares.
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