La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al régimen de venezolano por las violaciones a derechos humanos de siete personas privadas de libertad que fallecieron y otras 27 que resultaron lesionadas en la masacre ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Cárcel de Vista Hermosa.
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La Corte declaró la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
En su sentencia, la Corte estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida. Asimismo, en lo que atañe a las personas lesionadas, el Tribunal concluyó que el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal.
El Tribunal también concluyó que, en la investigación efectuada, el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas. De igual forma, la Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura.
Régimen admite responsabilidad
El régimen reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso. Para el efecto, señaló que las muertes “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. El Estado también reconoció que “como resultado” del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad.
Asimismo, se reconoció la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, se comprometió a cumplir con las reparaciones que ordenara la Corte en su Sentencia.
El Tribunal valoró el reconocimiento, pero entendió que debía profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
El Tribunal también encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado.
Con información de Monitoreamos
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