Las fraudulentas elecciones legislativas en Venezuela han dejado un reguero de “irregularidades” que no ha conseguido elevar la participación más allá del 30%, según revela la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en un informe que hoy ha sido entregado a varios partidos españoles en el Congreso de los Diputados por parte de los parlamentarios venezolanos en el exilio Ramón López, Winston Flores, Franco Casella, Auristela Castillo, Concepción Mulino y Eudoro González.
Por La Razón
Todos ellos, además, invitaron a sus homólogos a acompañar el cierre del proceso de Consulta Popular organizada por el Gobierno interino de Juan Guaidó y que se desarrolla hasta el próximo sábado 12 de diciembre. Esta consulta pretende ejercer un contrapeso a los comicios de este domingo, que no contaron con el respaldo internacional y que a tenor de los resultados tampoco han sido apoyados por los propios venezolanos. De hecho, en las anteriores parlamentarias, de 2015, el CNE reportó en su primer boletín una participación del 74,25% del electorado, equivalente a más de 14 millones de votantes. Aquellas elecciones las ganó la oposición pero el chavismo hizo todo lo posible para bloquear al parlamento, impidiendo que aprobara leyes.
Además de la persecución cometida contra los líderes de partidos antichavistas, el ejecutivo de Nicolás Maduro echó mano de los recursos del Estado para movilizar a sus votantes. “El traslado de electores con recursos públicos se mantuvo en proporción cercana al 40 % de los centros observados”, reza el informe realizado con el apoyo de 398 “voluntarios distribuidos de acuerdo a una muestra en los 23 estados y el Distrito Capital”.
Otra de las irregularidades señaladas por la ONG es que más de la mitad de los centros de votación cerraron después de la hora que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), y eso a pesar de que “hasta en el 83%” de los centros de votación observados, las filas de electores que esperaban afuera para sufragar “eran de menos de 15 personas durante el día, entre determinadas horas”.
El abuso de los medios estatales, controlados por el oficialista PSUV, se pudo apreciar también en los alrededores de más del 60% de centros observados, en los que “hubo puntos rojos del oficialismo”, en los que se ejerce el control sobre quienes acuden a las urnas. Muchos de esos puntos estuvieron “limitados a la presencia de militantes sentados en espacios públicos o desde viviendas o kioscos que registraron participación o solicitaron” el denominado carné de la patria (un censo paralelo a través del cual el Gobierno de Nicolás Maduro entrega ayudas sociales) a los votantes.
Las elecciones legislativas del domingo fueron cuestionadas casi desde su convocatoria por la “falta de garantías” electorales ante la intervención chavismo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, además, también designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una competencia del Parlamento.
En los comicios, no participaron los opositores tradicionales de los partidos mayoritarios, entre ellos el actual presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que tachó el evento como fraudulento y, en respuesta, convoco a consulta popular que se celebra desde ayer hasta el próximo sábado. Pero sí participaron formaciones del grupo opositor, aunque con los líderes impuestos por el TSJ, que nombró a nuevas directivas tras inhabilitar las originales.
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