12 de los 52 militares sancionados por la comunidad internacional, desde 2008 hasta 2020, están señalados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en Venezuela. Control Ciudadano registra que Estados Unidos engloba el mayor número de sanciones emitidas contra funcionarios de Venezuela: 132 de las cuales, 48 son efectivos militares
12 de los 52 militares sancionados por la comunidad internacional, desde 2008 hasta 2020, están señalados en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en Venezuela. Este es uno de los hallazgos del informe «Militares sancionados por la comunicación internacional», de Control Ciudadano, difundido este martes ocho de diciembre.
Los militares referidos en la experticia de las Naciones Unidas son el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), almirante Remigio Ceballos Ichaso, el ministro de Energía Eléctrica, general en jefe Néstor Reverol Torres, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general en jefe Gustavo González López; el mayor general José Adelino Ornela Ferreira, el mayor general Carlos Pérez Ampueda; los generales de brigada Rafael Blanco Marrero; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, y Rafael Antonio Franco Quintero; así como el coronel Hannover Guerrero Mijares, y los tenientes coroneles Alexander Granko Arteaga y Rafael Bastardo Quintero.
En el informe de la Misión de la ONU, del 15 de septiembre de 2020, se registran casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas, desde 2014 hasta 2020.En ese informe se establece que las violaciones y los crímenes documentados generan responsabilidad penal individual y que las violaciones y los crímenes documentados pueden ser calificados como crímenes de lesa según el Estatuto de Roma, puntualiza Control Ciudadano.
La presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que “el mensaje más poderoso que puede dársele a los militares a partir de este trabajo, es que las sanciones son reversibles, pero los casos ante la Corte Penal Internacional una vez iniciados, no lo son. Venezuela debe empezar a encontrar espacios para la verdad, el dialogo, la reinstitucionalización, la justicia transicional el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
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