El Grupo Popular ya tiene fecha en su agenda para debatir en el Pleno del Congreso su «Plan B» como alternativa al estado de alarma. Será el próximo martes, día 17, cuando el PP vuelve a tener cupo para incluir su Proposición de ley orgánica en el orden del día del Pleno. En ese debate, que iniciaría la tramitación de la ley si se toma en consideración, los populares obligarán a retratarse a todos los partidos, que tendrán que explicar si quieren mantenerse en la excepcionalidad o prefieren buscar una vía jurídica menos lesiva con los derechos de los ciudadanos, como defiende el principal partido de la oposición.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, entregará el texto de la Proposición al conjunto de los grupos parlamentarios, con los que quiere tener contactos para buscar una mayoría que permita al menos superar el primer debate en el Pleno. Pablo Casado ya tendió la mano al Gobierno para sacar adelante esta reforma exprés, y se mostró dispuesto a apoyar un estado de alarma de ocho semanas si en ese tiempo se tramitaba la ley.
La Proposición de ley orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales, que aparece firmada por la anterior portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, implica la reforma de la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, y de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 1998.
En la exposición de motivos, el PP recuerda que en el primer estado de alarma el Gobierno había recurrido a la «excepcionalidad máxima», y a través del estado de alarma, prorrogado en seis ocasiones, «confinó a los españoles y recortó sus derechos básicos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros». El PP defiende que es el momento de abandonar el camino de la excepción «y preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud».
En la Proposición, que se registró a finales de julio pero que sigue tiene toda la vigencia, el PP sostiene que «es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones, que no es otro que la protección de la salud de los ciudadanos».
El PP propone en su reforma que se pueda obligar a guardar cuarentena y a aislarse a las personas «sospechosas» de contagio, controlar las entradas y salidas en las zonas afectadas y limitar la libre circulación. Todo esto sin recurrir al estado de alarma. Las comunidades podrían actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia.
Los populares piden, además, que los juzgados de lo contencioso-administrativo avalen la «privación» o suspensión de libertad con su autorización. Pero para la «restricción» de la libertad de movimientos en caso de pandemia, bastaría un acto gubernativo proporcional y necesario, sin perjuicio del ulterior control judicial
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