Los centros de cuarentena establecidos por el Gobierno de El Salvador para cortar los contagios del COVID-19 fueron unos de los lugares donde se registraron más violaciones a los derechos humanos, según un informe presentado este jueves.
EFE
Se trata del informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por el COVID-19 en El Salvador que fue elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), José María Tojeira, señaló durante una conferencia de prensa que en algunos centros «las personas estaban hacinados, mal alimentados y se violó los derechos a la salud y a la libertad de expresión, porque cuando protestaron por abusos se les reprimió con la policía».
«Los centros de contención fueron uno de los lugares donde más se violaron los derechos humanos durante el tiempo de la emergencia por la pandemia», subrayó.
Tojeira manifestó que «los abusos de derechos humanos nunca ayudan a limitar los efectos de una pandemia», ya que «no se puede tratar de combatir una enfermedad violando los derechos de la gente».
«Con un sistema mejor ordenado y más adecuado a la situación de la gente se hubieran salvado más vidas y se hubiera creado una cultura mucho más amplia de responsabilidad personal de la gente», indicó.
Añadió que «no se puede tener esa teoría de que violando los derechos humanos de unos pocos se están respetando los derechos humanos de la mayoría, eso es falso».
PIDEN QUE SE INVESTIGUE A RESPONSABLES DE VIOLACIONES
Una de las recomendaciones del informe es que se investigue y se deduzcan «las responsabilidades legales a los que ordenaron, permitieron y ejecutaron las acciones violatorias de derechos humanos de la población durante la emergencia».
Además, se sugiere que «se deben de tomar medidas de no repetición ante tales abusos y violaciones» y se exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a tener «una mayor dedicación a la investigación y persecución de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en el tiempo especial por la pandemia».
El Salvador estableció los centros de cuarentena a mediados de marzo y las personas que ingresaron a estos lugares fueron los ciudadanos que llegaron del exterior y los que supuestamente violaron la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada para frenar la propagación del virus.
Ante esta situación, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a Bukele que suspendiera las detenciones y el confinamiento «forzoso» de las personas que supuestamente se saltaban la cuarentena domiciliar obligatoria.
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