El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, derogó este miércoles un decreto que había dictado horas antes y que fue objeto de críticas hasta en su propia base política, pues podría abrir las puertas a la privatización de la salud pública.
EFE
El propio Bolsonaro informó sobre la revocación del decreto a través de sus redes sociales, en las que se refirió a la «falsa privatización del SUS», siglas del Sistema Único de Salud, que engloba a toda la red sanitaria pública del país.
El decreto autorizaba la apertura de conversaciones entre el Gobierno y el sector privado con miras a la definición de «modelos de negocios» para la «construcción, modernización y operación» de Unidades Básicas de Salud (UBS), como se conoce a los dispensarios.
Tanto en el Parlamento, incluida la base de apoyo a Bolsonaro, como en asociaciones médicas, el decreto causó preocupación y alarma pues fue entendido como una vía para privatizar la atención básica, lo cual fue aún peor recibido cuando Brasil suma ya casi 158.000 muertos y 5,4 millones de casos de coronavirus.
En el mensaje en que informó sobre la derogación del decreto, el líder de la ultraderecha brasileña y firme promotor de un modelo de Estado mínimo y de las privatizaciones dio a entender que las intenciones del Gobierno fueron malinterpretadas y aclaró lo que calificó de «falsa privatización» de la salud.
«Tenemos actualmente más de 4.000 Unidades Básicas de Salud (UBS) y 168 Unidades de Pronta Atención (UPA) inacabadas», indicó el jefe de Estado, quien agregó que «faltan recursos financieros para la conclusión de esas obras, la adquisición de equipamientos y la contratación de personal».
Según Bolsonaro, «el espíritu del Decreto 10.530, ya revocado, apuntaba al término de esas obras y a permitir a los usuarios dirigirse a la red privada, con los gastos pagados por el Estado».
El SUS fue creado por la asamblea que redactó la Constitución de 1988, que consagró como derecho la atención sanitaria universal y gratuita, y está considerado un modelo de salud pública, sobre todo por la vastedad de su sistema, que aún con problemas presupuestarios gravísimos atiende a más de 200 millones de personas.
Las reacciones contra el decreto dictado por Bolsonaro, que llevaba también la firma del ministro de Economía, Paulo Guedes, un liberal alineado con el ideario económico de la Escuela de Chicago, partieron hasta de algunos organismos de la propia estructura del Gobierno.
Fernando Pigatto, presidente del Consejo Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, fue uno de los primeros en criticar el decreto y declaró que «el SUS debe ser fortalecido en contra de cualquier tipo de privatización» que, en su opinión, supondría una «retirada de derechos» ya adquiridos por la sociedad brasileña.
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