A raíz de la reciente publicación del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, las organizaciones Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela hicieron este jueves un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que comience “una investigación formal” sobre las acciones de los miembros del gobierno en disputa.
“La primera solicitud que estamos haciendo es un llamado para exigir que comience la investigación formal, ya que ahora se cuenta con el aval de la ONU y eso justifica que hay una necesidad de empezar una investigación”, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza.
El documento elaborado por la ONU se dio a conocer después que una misión señalara que se habían cometido “crímenes de lesa humanidad” por parte de altos funcionarios del Palacio de Miraflores bajo el beneplácito de las fuerzas de seguridad y de algunas agencias oficiales, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Varios funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela han rechazado el informe de la Misión de Verificación por considerarlo “sesgado” y han criticado que los expertos no hayan visitado el país.
El miércoles 30 de septiembre, el canciller Jorge Arreaza informó de una reunión digital entre Maduro y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Aseguró que fue “fructífera” y que avanzaron en la cooperación con la oficina de Bachelet en Ginebra y su equipo en Venezuela.
El activista venezolano, no obstante, recordó que estos abusos presuntamente perpetrados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro son algo que ya habían atestiguado otros grupos de trabajo, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
“Aunque estos ataques sistemáticos no son una novedad, ahora no hay razones para que la Corte Penal Internacional no empiece con una investigación formal”, agregó al respecto durante una conferencia de prensa vía telemática.
Ante la idea de que algunos “funcionarios públicos puedan sentir impunidad y que no va a haber justicia en Venezuela”, Diamanti aseguró que “la justicia llegará”, pero antes, insistió, “se necesita que se empiece con la investigación”.
El informe de la ONU examinó 2.891 casos y demostró que hay bases razonables para determinar que en Venezuela se habían dado este tipo de situaciones tipificadas en el Estatuto de Roma, que en 1998 estableció el marco legal en el que opera la CPI.
“Estos crímenes se clasifican como asesinatos, encarcelamientos y otras privaciones de libertad, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual”, decía Génesis Dávila, la presidenta de Defiende Venezuela.
Al mismo tiempo, Dávila señaló que las conclusiones del informe apuntaban directamente a autoridades de alto rango de Venezuela, así como a Nicolás Maduro y a sus ministros del interior y de defensa.
“Se dieron órdenes para llevar a cabo estas actividades y se suministraron recursos para apoyar planes y políticas en virtud de las cuales se cometieron estos crímenes”, que, según indicó, se habían cometido por lo menos desde 2014, cuando Maduro ya había asumido el poder tras la muerte de su antecesor, Hugo Chávez.
Con todo, lamentó que los resultados de este tipo de investigaciones ponen de manifiesto que “lo que sucede en Venezuela no se trata de violaciones aisladas de derechos humanos, sino que se trata de un plan de estado a través del cual se ataca a una parte específica de la población”.
“Se les ataca de forma sistemática y de forma generalizada”, dijo Dávila sobre el documento.
La confirmación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela marcaría un “antes y un después”, según dijeron ambos portavoces, ya que “sería la primera vez que se cometen este tipo de actos”.
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