“Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos”, dijo Human Rights Watch
Por ALnavío
Después de examinar miles de documentos judiciales e informes policiales, de monitorear una veintena de procesos abiertos, de entrevistar a ministros, abogados, fiscales y personas involucradas con los casos, Human Rights Watch concluye que en Bolivia “la Justicia es un arma de persecución política”.
Para demostrarlo citan el caso del expresidente Evo Morales, exiliado en Argentina después de cometer fraude electoral en los comicios de octubre de 2020, e investigado en Bolivia por terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Para Morales piden 20 años de cárcel. La principal prueba en su contra es una llamada telefónica en la que supuestamente el expresidente moviliza a sus seguidores para protestar de manera violenta contra el gobierno de Jeanine Áñez.
En la supuesta llamada, Evo Morales arenga pidiendo “combate” e insta “a dar batalla a la dictadura”, en referencia al gobierno de Áñez.
“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano. Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El organismo también expresa dudas en otros casos abiertos contra funcionarios y seguidores de Morales.
Patricia Hermosa, quien fue jefa de gabinete del expresidente, es acusada de delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición “exclusivamente”, precisó Human Rights Watch, “en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara”.
A Hermosa la detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto “sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.
Otro caso citado es Mauricio Jara, un simpatizante de Morales acusado de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública.
Como prueba de la participación de Jara en actividades delictivas, la policía manifestó que él supuestamente había calificado al gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas.
Jara se encuentra actualmente en detención preventiva “al parecer por haber ejercido su libertad de expresión”, dijo Human Rights Watch.
Por todo esto, el organismo concluye: “La exsenadora Jeanine Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”.
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